CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Carlos Machorro, socio de la firma legal Santamarina y Steta señaló la importancia de la reciente condena de la Barra Internacional de Abogados (IBA – International Bar Association) a la presión e interferencia constante del poder ejecutivo mexicano contra la independencia judicial, específicamente en relación con el actuar y la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.“Prácticamente todas las asociaciones y colegios de abogados del país y varias en el extranjero han venido señalando con preocupación las presiones de las que ha sido objeto el máximo tribunal de nuestro país. Esta organización se suma a las voces que hemos venido condenando en forma consistente a dicha interferencia”, dijo.
La IBA es la principal organización internacional de profesionales del Derecho, colegios de abogados y asociaciones de abogados, establecida en 1947.
En una carta reciente signada por la Presidenta de la IBA, Almudena Arpón de Mendívil Aldama, se recordó que los señalamientos y comentarios del poder ejecutivo en México “debilitan la confianza pública en el poder judicial, son un agravio al estado de derecho, y afectan la democracia de México”, señalando además que atentan contra distintos instrumentos, principios y normas del derecho internacional que se violentan cada vez que el Presidente de la República agravia al máximo tribunal de México.
Juan Carlos Machorro explicó que los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establecen claramente que “es el deber de todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetar y observar la independencia de la judicatura” a fin de “decidir los casos que se les presenten… de acuerdo con los hechos y conforme a la ley, sin ninguna restricción, influencia inapropiada, incentivos, presiones, amenazas ni interferencias, directas o indirectas, de ningún sector ni por ningún motivo”.
Además, recordó la Carta Democrática Interamericana, que establece que “los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen, entre otros, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho,… y la separación de poderes y la independencia de las ramas del gobierno”, habiendo sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “uno de los objetivos principales de la separación de los poderes públicos es garantizar la independencia de los jueces”.
El especialista subrayó que denostar a uno de los poderes de la unión debilita a la República, pero más aún cuando los señalamientos provienen de otro de los poderes, cuyos intereses no son favorecidos por resoluciones dictadas por el máximo tribunal en el cumplimiento de sus deberes, como bastión de la defensa y el control de nuestra vida constitucional.
“El desarrollo de los países pasa necesariamente por el Estado de Derecho, el cual se basa en una clara división de poderes e instituciones fuertes, que se desempeñen con independencia, respeto y autonomía”, destacó.
Para el experto, es necesario comprender y defender estos principios básicos de nuestro régimen republicano y nuestra democracia y exigir que el poder delegado en nuestros gobernantes sea ejercido con respeto absoluto e irrestricto a nuestras instituciones.“Nos concierne a todos, pero particularmente a los abogados. De no hacerlo, traicionaría los principios bajo los cuales nos asumimos como profesionales del Derecho”, concluyó.
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