Federico Berrueto
Es una ironía que cuando más devaluada está la palabra los testimonios de delincuentes, presuntos o sentenciados, en búsqueda de beneficios de sus acusadores sean el sustento para condenar a una persona y hasta a un país. Efectivamente, como señala Raymundo Rivapalacio en el juicio al alto funcionario del gobierno de Felipe Calderón, responsable de la seguridad pública, de por medio está no sólo él y el presidente al que sirvió, sino que en el empeño de condenarlo con o sin sentencia y por el efecto de los testimonios en el imaginario colectivo del país vecino, México se vuelve un país de delincuentes en el que policías y criminales son lo mismo.
El presidente López Obrador se regocija y regodea con el caso penal en EU contra el ingeniero García Luna. No advierte que también es condena para su gobierno, al menos por tres razones. Primera, de ser ciertas las imputaciones la acusación y el juicio debió realizarse en el país y hasta el momento no hay caso alguno y las revelaciones de la UIF han sido más para salvar cara que para iniciar un proceso penal concurrente. Segunda, el testimonio del testigo principal incrimina a las autoridades de la ciudad de México, en ese entonces gobernada por López Obrador. Tercero, la base para la detención y eventual condena de García Luna pueden enderezarse en cualquier momento a los mismos funcionarios de la actual administración.
Obtener testimonios de acusados o sentenciados para iniciar procesos penales es la marca de nuestros tiempos. No ocurrió así con el general Cienfuegos por la gestión diplomática del gobierno, no por la absolución de juez alguno. Hasta donde se conoce, las pruebas eran más que frágiles y partían del prejuicio de los funcionarios norteamericanos, no de la razonada y probada convicción de que el alto militar tuviera que ver con el crimen organizado. Si el gobierno de México da carta abierta a los funcionarios norteamericanos para proceder judicialmente a partir de discutibles y dudosas pruebas, el país estará declinando en su soberanía y exponiendo a sus funcionarios, especialmente a quienes enfrentan al crimen, a procesos legales en condiciones de indefensión.
Como observadores rigurosos señalan lo que se conoce de la acusación contra García Luna es de muy discutible veracidad. Puede ser convincente y suficiente para el jurado acusador y para que el inculpado sea condenado independientemente de su culpa, pero también puede ser absuelto, sin ser del todo inocente, especialmente si se prueba una situación patrimonial muy alejada de su condición de funcionario, empresario o consultor. El enriquecimiento desproporcionado no los vuelve cómplices del narcotráfico, pero sí corruptos. García Luna manejó un cuantioso presupuesto con márgenes amplios de discrecionalidad y opacidad.
El presidente López Obrador debió tener mayor reserva pensando en su futuro, de los suyos y de colaboradores, incluyendo a los militares. El presidente podrá tener de éstos un buen juicio, no así por las agencias y los fiscales norteamericanos, como quedó acreditado con la detención alevosa y arbitraria del general Cienfuegos.
La fiscalía decidió abreviar el juicio y son palabras devaluadas de delincuentes las que constituyen las pruebas de la fiscalía, la mayoría testigos de oídas y prácticamente todos en condiciones de subordinación a la parte acusadora a partir de su pasado criminal. El hecho de que García Luna no haya presentado testimonio no es causa de culpa, sino de estrategia legal. Relevante y significante el testimonio de descargo de Cristina Pereira, esposa del procesado.
En la opinión sobre el caso no debe desdeñarse la decisión de García Luna de no incriminarse y así ganar privilegios procesales. Para él, en su convicción de inocencia, inculparse sería tanto como convalidar los señalamientos en su contra, contra Calderón y contra el país. La mayor ironía es que más allá de la determinación del jurado, para muchos, especialmente para el presidente mexicano, el funcionario y el expresidente ya han sido condenados, no a partir de pruebas, de testimonios, ni siquiera de la sentencia. En la condena sumaria de López Obrador no hay pruebas sino perfidia y mala entraña.
