Pablo Cabañas Díaz
El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, Arnaldo Córdova ( 1937-2014), expuso en un ensayo publicado en Cuadernos Políticos en 1977, cuyo título no deja dudas de su inspiración ideológica México: revolución burguesa y política de masas. Córdova en ese brillante texto hace una aguda lectura de nuestra Constitución y señala que el Estado que se creó en el siglo XX era la expresión clara de los propósitos revolucionarios. La nación, que finalmente aparece en esa época, es la única propietaria de los bienes del país porque de su correcta administración dependería alcanzar los objetivos sociales. Pero la nación, explicaba Córdova, no podía hacerlo por sí misma, así que delegaba su representación en el Estado y concretamente en el poder ejecutivo encarnado por el Presidente de la República. Es en esa lógica que la Constitución de 1917 le otorga al Presidente la facultad de intervenir en las relaciones de propiedad (artículo 27) y arbitrar el conflicto de clases (artículo 123).
En la parte medular del ensayo Córdova afirmaba que la Revolución Mexicana solamente podría cumplir con sus tareas si el Estado creaba los medios para hacerlas realidad, medios que no solo eran programas o políticas generales sino de manera transcedente instituciones específicas para alcanzarlas. Así, la Revolución y las instituciones se vinculaban, para convertirse en un régimen político. Esta reflexión hasta ahora no se entiende por quienes se han constituido com oposición a la Cuarta Transformación.
La tecnocracia que llegó al poder en 1982, se propuso corregir los errores económicos y restaurar la racionalidad política y económica, para logar este objetivo tuvo que acotar las demandas sociales, a las que calificó de populistas. Fueron los gobiernos tecnocráticos del PRIAN los que derrumbaron el fundamento político e ideológico del régimen. Con Enrique Peña Nieto y sus reformas se dañaría enormemente al PRI, cuya base social dañada desde 1982 una parte importante migró a Morena. Como lo dijera Lázaro Cárdenas en varias ocasiones, y hoy también es vigente esta preocupación: la desigualdad y los desequilibrios de la sociedad mexicana son tan profundos que el Estado, debe regularlos y compensar la debilidad natural de los grupos más desprotegidos de la sociedad.
En la primera mitad del siglo XX, se llegó al acuerdo de que el Estado y sus instituciones debían procurar el bienestar social promoviendo el desarrollo económico. Ramón Beteta, colaborador cercano de Lázaro Cárdenas, participante destacado en el Plan Sexenal y secretario de Hacienda de Miguel Alemán, explicaba que era impensable lograr los objetivos sociales de la Revolución basándose sólo en el campo; la industrialización era el mejor y más efectivo medio para conseguirlo, pero no como había sucedido en las democracias occidentales, dejándolo al libre mercado, sino mediante la regulación del Estado, que determinaría los objetivos y los medios, y garantizaría los equilibrios necesarios.
Fue así como el desarrollo económico se asoció a la rectoría del Estado y también a los designios del presidente. Para ningún gobierno postrevolucionario hasta 1982, el desarrollo económico podía dejarse al libre mercado; para todos los presidentes anteriores, la conducción del Estado era determinante. Lo que cambió radicalmente desde 1982 hasta el 2018, fue la atención social a las mayorías y el papel rector del Estado. Esta es una explicación de la historia nacional, pero también de la responsabilidad del Estado. La idea-fuerza del presidencialismo ha sobrevivido, la tecnocracia emprendió la reforma del Estado, pero no lo desapareció. La Guía presidencial fue propuesta por Jesús Reyes Heroles, quien estableció que el Estado debería conducir la economía porque su responsabilidad era promover, regular, impulsar, ordenar y suplir las “omisiones” privadas. No era, decía Reyes Heroles, un cambio circunstancial, sino el cumplimiento de los objetivos revolucionarios: nacionalistas, populares, sociales, democráticos y liberales.
