Fernando Irala
Como un efecto retardado de la marcha de mediados de noviembre en defensa de las instituciones electorales y la democracia, agonizan los intentos de acabar con el INE y sustituirlo por un organismo dominado por el gobierno.
La contramarcha organizada recientemente desde las estructuras de poder, generó el espejismo de una demostración de fuerza superior, que le daría al gobierno el impulso para retomar sus proyectos.
No hubo tal. La mascarada de acarreo y manipulación fue muy vistosa pero inservible. Las decenas de miles que atiborraron las calles de la ciudad al conjuro de la 4T, se habían diluido a la hora del discurso, mostrando cuán débiles son los mecanismos de control de un régimen desgastado y en declive.
En los días siguientes se hizo patente la imposibilidad de concretar la reforma necesaria en el Congreso, y por ello se produjo ese juego de vaivenes: que ahora sí la votamos de manera súbita; que no, que mejor la aplazamos una semana, para finalmente postergarla hasta finales del siguiente periodo legislativo.
Sin embargo, tampoco la batalla para preservar la democracia está ganada. Aun manteniendo el marco constitucional, se ha anunciado la intención de estrangular financieramente al INE, lo que es particularmente delicado en el año en que comienzan los preparativos de la siguiente elección federal. Y en los próximos meses tendrá que definirse además con quienes se sustituye a los consejeros que cumplirán en breve su periodo.
En todos estos procesos, la constante será el asedio al INE y el ataque permanente para debilitarlo y desacreditarlo.
No le conviene a un régimen que intenta perpetuarse, una institución autónoma que garantice el voto libre e informado de los ciudadanos.
De ahí que estén al acecho y que no cejen en el afán destructivo. En esa batalla se juega el futuro del país, ya muy comprometido en estos cuatro años de desastre interminable.
