CIUDAD DE MÉXICO, 4 de Abril (AlmomentoMX).- En México, ser mujer y participar de la política tiene implicaciones de peso, relacionadas con la imposibilidad de participar, la falta de reconocimiento de su voz y su labor , así como la necesidad de hacer valer sus derechos políticos.
En los últimos tres años se ha incrementado la violencia política en contra de ellas en un 300 por ciento, derivado del aumento de su participación en este espacio.
El Fiscal especializado para la atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, señaló recientemente en Guerrero, durante la Segunda Reunión de Autoridades en Apoyo a las Víctimas de la Violencia Política de Género, que se registraron 38 casos de violencia contra las mujeres y contra instituciones electorales en el pasado proceso 2014-2015, cifra que creció exponencialmente en el 2016, cuando sumaban 143.
Curiosamente, ante este panorama, vemos cada día más mujeres postulándose a puestos públicos importantes. En el Estado de México, por ejemplo, vemos a tres mujeres que contienden por la gubernatura del estado: Josefina Vázquez Mota por el PAN, Delfina Gómez, que representa a Morena y Teresa Castell, candidata independiente.
El Estado de México es estado número uno en feminicidios, lo que nos hace notar la falta de cultura de género del estado. Cabe destacar que en este no se ha tipificado la violencia de género.
En el actual proceso electoral, la candidata Delfina Gómez se ha declarado vulnerable “ por ser mujer” y a pedido a los contrincantes del PRI y el PAN, Alfredo del Mazo Maza y Josefina Vázquez Mota, no hagan una guerra sucia en su contra, ya que desde el periodo de precampaña ha sido señalada de diferentes maneras.
En ese mismo estado, en el año 2016, la FEPADE informó que se habían registrado en Ixtapaluca, dos casos de violencia política de género, hacia una funcionaria del INE y una funcionaria de casilla.
Cabe destacar q ue la violencia política contra las mujeres no solo se vive durante las campañas, algunas veces, ya electas se ven obligadas a hacer efectivos sus derechos, enfrentándose con presidentes municipales, diputados o la misma comunidad.
Son famosos los casos de las llamadas “Juanitas”, quienes se instituyeron dentro de las cámaras para cumplir con la cuota de género, o bien el caso de Eufrosina Cruz en Oaxaca a quién se le impidió en el 2007 tomar su puesto como presidente municipal, por ser mujer.
Recientemente, Gabriela de León Farías, ex presidenta del Observatorio de Participación Política de la Mujeres en Coahuila, señaló que “todavía suceden hechos muy lamentables que obstaculizan la participación en política de las mujeres, nos encontramos con escusas como las que no se pueden postular mujeres porque no hay mujeres que postular, siendo que somos el 52 por ciento del padrón electoral”.
En el Estado al que la misma pertenece, solo una mujer, Mary Thelman Guajardo , del PRD, contiende por la gubernatura.
En este mismo año, la Fepade inició una carpeta de investigación por la difamación y discriminación hacia una de las consejeras integrantes del organismo público electoral de Coahuila, quien aparentemente fue hostigada por representantes de partidos políticos.
El pasado mes de marzo, el Congreso del estado aprobó la reforma a la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, con el fin de castigar la violencia política.
En Nayarit, comienza el proceso de elección de gubernatura. 30 diputaciones y 20 ayuntamientos, sin embargo, ninguna mujer contiende para ser gobernadora.
En Veracruz, hay elecciones en 212 ayuntamientos y al menos la mitad de las candidaturas de partidos están ocupadas por mujeres.
En junio de 2016, el Congreso del Estado aprobó en la Sesión Ordinaria del jueves el dictamen con proyecto de Decreto por el cual se incorporó la modalidad de Violencia Política por razones de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No hay una sola denuncia por violencia política en esta entidad.
En Chiapas, Rosa Pérez, presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, fue obligada a renunciar a su puesto, pro el Congreso del estado de Chiapas, a pesar de haber ganado las elecciones el 19 de julio del 2015. El 17 de Agosto del 2016 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial resolvió la sentencia con la que revocó el decreto del Congreso Local y pidió reincorporar a Rosa Pérez a su cargo. Sin embargo, hasta la fecha Rosa no ha ocupado su puesto.
Un caso parecido, es el de Felicitas Muñoz, presidenta municipal de Cuilapan, Guerrero, de Movimiento Ciudadano, quién inició su gestión el 31 de septiembre del 2015 y a quién, en mayo de 2016, tres regidores de su cabildo encabezados por el síndico, exigieron su renuncia, argumentando que su condición de mujer la imposibilitaba a poder conseguir obras y acusándola de desvió de recursos. Su casa fue baleada y allanada.
Hasta la fecha Felicita Muñoz mantiene su gobierno itinerante, pues el municipio fue tomado por sus agresores.
En Oaxaca se han documentado una veintena de casos de violencia política como resultado de las elecciones que se realizaron durante 2016 en los 570 municipios del estado, 417 de ellos electos por los sistemas normativos indígenas. Las mujeres acusaron haber sufrido violencia durante las campañas políticas, después de las elecciones, cuando les pedían que solicitaran permiso y después del 1 de enero cuando tomaron o debían tomar posesión de sus cargos.
Entre esos casos destacan: San Pedro Atoyac, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Lachiguiri, Santo Domingo Zanatepec, Santa Cruz Xoxocotlán, Cuicatlán, San Juan Bautista Lo de Soto, de San Dionisio del Mar, de San Pablo Huixtepec, San José Independencia, Santiago Xanica, San Martín Peras, Valle Nacional, San Andrés Cabecera Nueva, San Juan Cotzocón y la más reciente denuncia presentada San Esteban Atatlahuca, entre otros.
En la actualidad se discuten en la Cámara de Diputados federal, ocho iniciativas, una de ellas enviada por el Senado de la República, para tipificar la violencia de género antes del proceso electoral 2018.El pasado 9 de Marzo el pleno del Senado aprobó el dictamen con proyecto de decreto para sancionar la violencia política en razón de género.
A través del mismo se reforman y adicionan diversas disposiciones a cinco leyes federales: la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La violencia política, señala el dictamen, se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.
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