CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes 3 de diciembre, el Senado y la Cámara de Diputados realizaron la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a la prisión preventiva oficiosa, un cambio en el marco legal mexicano que amplía los delitos sujetos a esta medida cautelar. Con este avance, la reforma está a un paso de comenzar a aplicarse en todo el país.
La reforma modifica el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Mexicana para incluir nuevos delitos en los que se aplicará la prisión preventiva oficiosa, como extorsión, falsificación de documentos fiscales y delitos contra la salud. Esto significa que las personas imputadas por estos delitos serán enviadas directamente a prisión mientras se lleva a cabo su proceso judicial, sin posibilidad de enfrentar su juicio en libertad.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, realizó la declaratoria de constitucionalidad tras confirmar la aprobación de la reforma por 20 congresos locales, superando el requisito mínimo de 17. De manera simultánea, la Cámara de Diputados también formalizó la declaratoria en su sesión ordinaria, marcando otro paso clave en el proceso legislativo.
Congresos locales que aprobaron la reforma
Los estados que avalaron la reforma incluyen:
Baja California
Campeche
Colima
Chiapas
Durango
Guerrero
Michoacán
Nayarit
Oaxaca
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Ciudad de México
Aunque ya se alcanzó el mínimo necesario, otros congresos locales podrían sumarse a la lista en los próximos días.
Para que la reforma entre oficialmente en vigor, deberá ser enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir de su publicación, la reforma será aplicable a nivel nacional al día siguiente.
Además, el marco jurídico federal deberá armonizarse en un plazo máximo de 180 días, mientras que las legislaturas estatales tendrán hasta 365 días para adecuar sus propias leyes a los cambios constitucionales.
La ampliación de los casos en los que se aplica la prisión preventiva oficiosa ha generado debate en la sociedad mexicana. Aunque algunos sectores consideran que esta medida fortalecerá la lucha contra delitos graves, otros advierten sobre posibles violaciones a los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia.
La implementación de esta reforma marcará un antes y un después en el sistema de justicia penal mexicano, y su impacto será objeto de atención nacional e internacional en los meses venideros.
AM.MX/fm
