CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril (AlmomentoMX).-La presidenta de la Comisión Especial de la Trata de Personas, Julieta Fernández Márquez (PRI) , aseguró que urge desarrollar una estrategia nacional para detener la trata de personas, la cual habría que desarrollar junto a la Procuraduría de la Defesa del Menor y la Familia, representantes de la ONU, fiscales y especialistas.
Consideró como un paso importante para prevenir la trata de personas, incautar los bienes de las organizaciones delictivas, ya que es un asunto de justicia social. “Creo que una víctima que escucha que se incautaron los bienes de los tratantes, sentirá alivio y que hay justicia”.
La diputada se reunió con el consultor de la Organización de las Naciones Unidas en el tema de lucha contra la delincuencia y la corrupción, César Prieto Palma y la Fiscal Especializada de Trata de Personas del estado de México, Guillermina Cabrera Figueroa, con quienes platicó sobre las investigaciones financieras y patrimoniales de organizaciones de trata de personas.
César Prieto Palma, consideró que para quitar poder a los criminales es fundamental atacar su estructura económica, pues mientras no se les confisque el dinero los tratantes de personas seguirán tomando fuerzas.
“De qué sirve cerrar el prostíbulo, si el día de mañana, con los recursos que generaron abren otro moderno e, inclusive, con mayores servicios, y uno de los problemas a los que nos enfrentamos es atacar las estructuras financieras en materia de trata de personas”.
Añadió que otro problema es que las autoridades estatales, gubernamentales y los particulares no tienen la obligación clara de dar de manera rápida y eficiente la información en investigación de delincuencia organizada y trata de personas, como sucede en materia de secuestros, donde la Ley General obliga a las autoridades y particulares (caso de empresas de telefonía celular), a proporcionar, de inmediato, toda la información requerida.
La fiscal Guillermina Cabrera Figueroa mencionó la importancia de que las autoridades de la Fiscalía General y las estatales se coordinen en las investigaciones financieras y patrimoniales de las organizaciones de tratantes.
Comentó que no existe una ley que obligue a las instituciones relacionadas con el tema, a contar con personal especializado para combatir a las organizaciones delictivas, personal necesario para investigar a las organizaciones en cuanto estructura.
Aceptó que se enfrentan a muchos problemas al investigar las finanzas de las organizaciones criminales, ya que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicita “muchos requisitos complicados” para tener acceso al Sistema de Atención a Requerimiento de Autoridad (SIARA).
Sobre la extinción de dominio, Cabrera Figueroa, consideró que se debe obligar a los empresarios y/o dueños de inmuebles como bares, hoteles, a proporcionar a la Fiscalía toda la información requerida de los giros de las empresas, ya que en ocasiones se complica obtener información.
Así mismo, mencionó la necesidad de capacitar a los policías y ministerios públicos en la investigación de este tipo de delitos.
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