CIUDAD DE MÉXICO,4 de junio (AlMomentoMX).— Un tribunal federal ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas no fue pronta, efectiva ni imparcial.
Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas establecieron que la investigación el Caso Ayotzinapa “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la PGR, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los Protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.
“En consecuencia, ante las graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”.
Lo anterior derivó de una sentencia de amparo que establece reponer el procedimiento a María de los Ángeles Pineda Villa; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Gildardo López Astudillo, El Gil, y Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel. Los magistrados también fallaron a favor de requerir al Ministerio Público que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.
El tribunal señaló que la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Los magistrados basan su decisión en la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
La PGR aún puede impugnar la resolución, para llevar el asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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