Pablo Cabañas Díaz.Andrés Manuel López Obrador, tendrá que romper con un sinnúmero de intereses creados por lo que las críticas en los medios de comunicación, serán cada vez más fuertes . El New York Times del pasado 25 de diciembre de 2017, señalaba en un largo reportaje que “la gestión del presidente Enrique Peña Nieto había gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que la desafían”.
En un comparativo entre el flujo de recursos que gastó Peña Nieto en su sexenio en prevención contra el delito y medios de comunicación, explica en parte la derrota del pasado primero de julio. En 2013, el Presupuesto de Egresos contempló que el “Programa Nacional de Prevención del Delito” recibió 2,595 millones de pesos. Ese mismo año, el gasto destinado por el gobierno federal a publicidad oficial ascendió a 8,154 millones de pesos. En 2014, se mantuvo igual el recurso para la prevención del delito, y para 2015 hubo un ligero incremento al destinarse 2,683 millones de pesos. Durante esos dos años, el gasto en comunicación social sumó 17,408 millones de pesos. Para 2016, se evidenció que la “apuesta” por la prevención cambió, ya que se recortaron los recursos, al contemplarse solo 2,015.3 millones de pesos para este tema. La peor parte de la historia se contó en 2017, cuando no se otorgaron recursos, dejando el presupuesto de este programa en cero, mientras que para 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto consideró que 300 millones de pesos eran suficientes para la prevención del delito. Pero con el recurso destinado a publicitar los logros del gobierno federal, cuyo acumulado superó los 35 mil millones de pesos de 2013 a 2017.
Esa cifra representa un gasto de 24.8 millones de pesos por día, o un millón de pesos por hora, para difusión en medios. En el periodo señalado, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 21 mil 99 millones de pesos para publicidad oficial, pero el gobierno de Peña Nieto rebasó esa cifra por un monto de 15 mil 161 millones de pesos. Los grupos beneficiarios de la corrupción se sienten afectados en sus intereses económicos por lo que siguen con su “guerra” contra el presidente electo. Su insistencia en que hubo una “simulación” en el proceso de consulta ciudadana, un desperdicio de 120 mil millones de pesos, y un supuesto “desplome” de la confianza de los “mercados” internacionales es parte de un guión basado más en la ficción que en la realidad .
La élite que se enriqueció con Peña Nieto, no adoptó la misma actitud cuando en marzo de 2014, el entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, anunció que la paraestatal no terminaría la refinería Bicentenario de Tula, un megaproyecto lanzado por el gobierno de Felipe Calderón en marzo de 2008 para producir 250 mil barriles de gasolina al día y generar 32 mil empleos directos. El gobierno de Hidalgo, entonces encabezado por el priista Miguel Ángel Osorio Chong, se endeudó por mil 500 millones de pesos para comprar el terreno de 700 hectáreas, que regaló a Pemex Refinación, y durante los seis años siguientes el gobierno federal invirtió más de 3 mil 435 millones de pesos en contratos de licitación. Quedó en el olvido de los medios cuando en el tramo de la Autopista del Sol conocido como Paso Exprés, se abrió un socavón en julio de 2017 y donde fallecieron un padre y su hijo tres meses después que lo inaugurara Peña Nieto. Esta obra fue entregada con un sobrecosto de mil 160 millones –un incremento de 73%– y la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró 22 irregularidades que implican actos de corrupción en la realización de la obra, pero hasta la fecha ningún funcionario ha sido sancionado.
