Pablo Cabañas DíazEn el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio, Enrique Peña Nieto anunció la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40 por ciento de las cuencas escurre 55 por ciento de las aguas superficiales del país. En términos sucintos, lo que se autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en esas cuencas con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años.
Peña Nieto ha concentrado todas sus energías y apostó su capital político a una serie de reformas constitucionales que deben modelar un proyecto de nación para una minoría de inversionistas al margen del interés nacional. Su proyecto tuvo como objetivo la privatización de los bienes nacionales.
Con el PRI en el poder se han modificado los marcos jurídicos necesarios para ser atractivo al país a los capitales transnacionales. Sin embargo, algunas de estas reformas son en extremo polémicas, y el gobierno ha despreciado el fuerte debate social sobre las mismas, concentrándose en en armar un consenso mediático para su aprobación, siendo que muchas pueden adquirir un estatus anticonstitucional, como es el caso de la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
Diversas voces entre las que destacan académicos y sectores de la población que históricamente han enfrentado problemas sobre el acceso al agua potable, han expresado su inconformidad con las medidas tomadas de manera reciente por Peña Nieto. México desde esta semana incumple el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC, firmado por México en 1981) en el que se reconoce la obligación de todos los Estados firmantes a garantizarle a todos los individuos un nivel de vida digno. El derecho humano al agua constituye una parte esencial del ser humano y que tiene un reconocimiento jurídico a partir de dicho pacto, y aunque el agua no es un aspecto explícito del mismo, es lógico que sin un acceso garantizado y equitativo a dicho elemento de la naturaleza, difícilmente se podrá aspirar a una calidad de vida digna.
El derecho humano al agua se ha convertido en un referente de importancia en el difícil proceso de evitar la privatización del servicio, no obstante, lo establecido como derecho y su aplicación se sustenta desde una “contradicción poco visible”, pues si se parte de los conceptos que lo definen y que se derivan de la Observación General nº. 15, (noviembre de 2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho al agua, la cual define como el derecho de cada ser humano a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, es posible identificar en qué consiste dicha contradicción. Tomando como referencia las definiciones correspondientes a la forma de disponer el agua establecidas por la Real Academia Española, todo sugiere un caso directo del ser humano de poder tener o exigir lo que la ley simplemente permite. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el costo del agua no debe superar tres por ciento de los ingresos del hogar. Esta sugerencia implacablemente significa que se deberá pagar por el denominado derecho. Los diez decretos que levantan la veda sobre estas diez cuencas de agua, abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria. En pocas palabras, lo hecho esta semana que concluye es un despojo más a la Nación.
