ESTADO DE LOS ESTADOS: Despilfarro y… más pobreza

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Lilia Arellano.

 

“El problema de ser pobre es que te ocupa

  todo el  tiempo”: Willem de Kooning

 

  • Despilfarro y… más pobreza
  • Sólo el 22.6% de mexicanos, no están jodidos
  • Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en plena miseria
  • Sella EPN la Presidencia como “la más cara”
  • AMLO adelanta encabezará gobierno austero
  • Por complicidad con Vergara, Gali debe irse
  • En Q. Roo, gabinete y asesores cuestionados
  • Impera impunidad: Padrés Elías libra juicio
  • Amado Yáñez Osuna recupera Oceanografía

 

Ciudad de México, 12 de febrero de 2018.- A pesar de los cuantiosos recursos públicos gastados por la administración del presidente Enrique Peña Nieto, cuatro de cada cinco mexicanos son pobres y presentan diversas condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo a los propios datos oficiales, los cuales señalan sólo 22.6% de la población no está clasificada como pobre. En total, hay en el país 94 millones 883 mil 927 mexicanos quienes resienten condiciones de pobreza, con graves rezagos educativos, de salud, de acceso a la seguridad social, de vivienda, de servicios básicos y de alimentación. No obstante, la gestión del actual inquilino de Los Pinos es la más cara en la historia de México. Sus gastos en cinco años superan en 23.8 por ciento real lo erogado con Felipe Calderón y en 33.7% con Vicente Fox, revelan los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

El gobierno de Peña Nieto produce un millón de pobres por año, mientras su clase política y grupos empresariales favorecidos saquean el patrimonio de todos los mexicanos.  En julio de 2015, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló la pobreza asimiló a 2 millones de mexicanos más en los dos primeros años de la gestión del mexiquense y se agravó la situación de personas sin acceso a la alimentación. Además, la Auditoría Superior de la Federación detectó en febrero de 2015 un fraude de 845 millones de pesos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, llevado a cabo a través de convenios con instituciones de educación superior, las cuales a su vez contrataron empresas fantasmas. Tan sólo en 2015 el daño al erario superó los mil 787 millones de pesos. La responsable de esto fue Rosario Robles Berlanga, cuya ilegal conducta permanece impune.

 

Bajo una montaña de datos amañados, la pobreza fue ocultada por José Antonio Meade tras tomar posesión de la Secretaría de Desarrollo Social. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cambio la metodología para medir el ingreso de los mexicanos. Al mismo tiempo, se distribuyeron las llamadas “cartillas sociales” a millones de familias beneficiadas. Así, al menos en el papel, Meade logró “mejorar el ingreso” de los hogares más humildes y “sacó de la pobreza” a 2 millones de personas. Reportaron que entre 2014 y 2015, 1.9 millones de mexicanos dejaron la condición de pobreza y 2.1 millones, la de pobreza extrema.

 

Eso fue una descarada mentira del gobierno peñanietista, refutada de inmediato por los especialistas, investigadores, académicos, universidades y organizaciones no gubernamentales. La realidad vista en toda la República es una producción incesante de pobres, reflejado hasta en los datos oficiales. De acuerdo al último informe sobre pobreza y rezago social, elaborado por la Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de 122 millones 636 mil 694 habitantes que hay en el país, sólo 27 millones 752 mil 767 no presentan alguna condición de vulnerabilidad. Es decir, sólo el 22.6% no está clasificado como pobre.

 

En la recta final de esta gestión federal se reconoce existen 53 millones 418 mil 151 personas viviendo en condiciones de pobreza, es decir, 43.5 por ciento del total de la población.  De estos, 44 millones 42 mil 570 enfrentan una condición “moderada” (35.9%) y 9 millones 373 mil 581 están en pobreza extrema (7.6%). Pero el maquillaje se corre en los siguientes datos. Según Sedesol, 32 millones 860 mil 754 ciudadanos más (26.7%) están en condiciones de vulnerabilidad por alguna carencia social, y 8 millones 605 mil 22 adicionales (7%) son vulnerables por su nivel de ingresos. Es decir, en total hay en el país 94 millones 883 mil 927 mexicanos quienes resienten condiciones de pobreza y pobreza extrema.

 

Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz se ubican en condición de Muy Alto Rezago Social. Chiapas tiene una población de 5 millones 337 mil 151 habitantes, de los cuales 4 millones 113 mil 950 (77%), enfrentan condiciones de pobreza y pobreza extrema; en Oaxaca, con 4 millones 44 mil 455 habitantes, son pobres o pobres extremos 2 millones 847 mil 341 (70.4%); en Guerrero con 3 millones 593 mil 873 habitantes, viven en la pobreza y pobreza extrema 2 millones 314 mil 720 (64.4 por ciento); y Veracruz, con 8 millones 123 mil 403 habitantes, 5 millones 49 mil 511 viven en pobreza y pobreza extrema (62.1%).

 

Hasta en la capital de la República, catalogada con bajo rezago social, la pobreza avanza.  En 2008, la incidencia de pobreza por ingreso alcanzó un 32.5 por ciento de la población, y en 2014 había subido a 36.4 por ciento, de acuerdo con los datos del Coneval. Las cifras del 2015 y 2016 no son confiables por las razones expuestas líneas arriba, pero las condiciones económicas y sociales no cambiaron en la gestión de Miguel Ángel Mancera, por lo cual es lógico siguió aumentado este porcentaje de población en pobreza. De hecho, como lo denunció la académica y diputada Aracelí Damián, “se ha reducido per cápita el gasto social y eso es responsabilidad del gobierno central”.

 

La legisladora sostuvo: “estamos cerrando un sexenio en donde la ciudadanía se queda con una ciudad más desigual. De cada peso que recibe el decil más alto en la ciudad, el decil más bajo sólo recibe 5 centavos, una desigualdad galopante. Tenemos una calidad de vida que deja mucho que desear”.

 

DESPILFARRO GUBERNAMENTAL

 

La otra cara de la moneda, la cual puede explicar la situación de pobreza nacional descrita, es el dispendio y la mala administración de los recursos de la Nación por parte del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, cuyo mandato le ha salido muy caro a los mexicanos. En los cinco años de la actual administración federal, el gasto reportado por la Presidencia sumó 18 mil 520 millones de pesos, lo cual la ubica como la más costosa que ha tenido el país. Además, siempre se ha gastado más que el Presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión.  El gasto total ejercido por la Presidencia excedió en 6 mil 748 millones de pesos lo aprobado por los legisladores entre 2013 y 2017. La única explicación brindada por Hacienda es que se ha necesitado más dinero para garantizar la seguridad de la Presidencia.

 

Sin embargo, no sólo el Estado Mayor Presidencial ha gastado más. También, de acuerdo con datos de la última Cuenta Pública, en 2016 la Coordinación General de Administración de la Presidencia contó con un presupuesto aprobado de 506.6 millones de pesos, pero gastó 975.2 millones. Tanto el Estado Mayor como el Transporte Aéreo Presidencial contaron, en ese año, con presupuestos de 457 millones y 402 millones, respectivamente, pero registraron egresos superiores a los 900 millones cada uno.

 

Durante los últimos años, mientras se despilfarra en propaganda y publicidad oficial, sueldos descomunales de la alta burocracia, amplia cobertura de diversas prestaciones para garantizarles un nivel de vida desconocido para el resto de la población, y además se desvían ilegalmente grandes recursos públicos a campañas electorales, se han tomado decisiones erróneas para intentar aparentar hacia el exterior se lograron resultados positivos en el manejo de la administración pública. Así, para mostrar un superávit primario en 2017 (de 1.4% del PIB), el cual no muestra el tamaño del endeudamiento del sector público, se redujo drásticamente el gasto programable y la inversión. El primero, el cual suma todas las erogaciones destinadas a operación de gobierno, subsidios, pensiones e inversión, se redujo 12.7 por ciento real, comparado con el año previo. El gasto de las secretarías y otras dependencias de gobierno, incluidas en el ramo administrativo, cayó 2.2 por ciento, dentro del cual destaca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 38.7 por ciento menos.

 

Resalta sobre todo la caída de la inversión en obra pública, la cual se redujo en 26.3 por ciento. Las funciones productivas sufrieron el mayor recorte, con una disminución de 21.9 por ciento, rubro que representa casi una tercera parte del gasto y el cual contiene inversiones clave para el desarrollo económico a largo plazo. También el desarrollo social y la gestión gubernamental mostraron reducciones. El gasto en desarrollo social tuvo un recorte de 7.1 por ciento, mientras que las gestiones de gobierno cayeron 9.9 por ciento.

 

Esos renglones sacrificados del gasto público debieron realizarse para compensar el incremento de obligaciones ineludibles para el gobierno como el pago de la deuda, la cual sigue creciendo inconteniblemente, y las pensiones, así como los menores ingresos obtenidos por el sector público. El costo financiero de la deuda tuvo un incremento de 6.3 por ciento real, las participaciones a las entidades federativas, las cuales se repartieron discrecionalmente, crecieron en 5 por ciento y las pensiones y jubilaciones avanzaron 2.7 por ciento. De esta forma, en términos generales, la realidad es que al cierre del 2017, el sector público tuvo ingresos totales por 4 billones 974 mil millones de pesos, mientras que los gastos sumaron 5 billones 177 mil millones.

 

AMLO PROMETE ACABAR CON LA “PARAFERNALIA” DE EPN

 

Bajo la lluvia, durante un mitin en Querétaro este viernes, Andrés Manuel López Obrador criticó el gasto de la Presidencia de Enrique Peña Nieto y calificó de ofensivos los privilegios de los altos burócratas cuando en el país campea la pobreza y la marginación. El abanderado de la coalición Morena-PES-PT se comprometió, de ganar la elección, a aplicar recortes a los gastos superfluos e implementar una política de austeridad, la cual consistirá en bajar los sueldos de los altos funcionarios, empezando por el propio Presidente.

 

Acompañado de Ricardo Monreal, defensor del voto de Morena en la primera circunscripción electoral; Tatiana Clouthier, coordinadora de su campaña, y Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido, el político tabasqueño señaló: “vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo; van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los marinos. Vamos a aumentar el salario de los trabajadores, va a aumentar también el jornal  para los campesinos”.

 

El principal dirigente opositor del país aseguró acabará con la “parafernalia” que rodea al Presidente, por lo cual, reiteró, la Residencia Oficial de Los Pinos pasará a formar parte del patrimonio público del Bosque de Chapultepec para recreación de los ciudadanos. En cuanto al Estado Mayor Presidencial (EMP) adelantó dejará de estar al servicio del Presidente y se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Ya no va haber eso, no va haber Estado Mayor, lo que está haciendo esa corporación ya no se va a necesitar, porque el Presidente ya no va a andar rodeado de guardaespaldas; el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, subrayó.

 

López Obrador también reiteró su compromiso de eliminar el sistema de pensiones para los ex presidentes; e insistió en que venderá el avión presidencial Boeing 787 Dramliner, el cual fue adquirido en este sexenio a un precio de más de 7 mil millones de pesos, así como toda la flota de aeronaves oficiales utilizadas para el traslado de funcionarios. “Vamos a ahorrar. No me voy a subir al avión de Peña, porque no voy a ofender al pueblo de México”, puntualizó.

 

EXIGEN A GALI PEDIR LICENCIA EN PUEBLA

 

Morena demandó al gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, pedir licencia para facilitar una investigación sobre sus presuntos nexos con Juan Melquiades Vergara Fernández, ex tesorero de Quintana Roo, acusado de lavado de dinero. La aspirante a la alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes, exigió: “Tony Gali tiene que pedir licencia hasta que no se aclare que no hubo dinero sucio en sus campañas y en las que coordinó financieramente, no puede estar de gobernador porque sería juez y parte”. Ante la gravedad de los señalamientos, destacó, no existen condiciones para que el titular del Ejecutivo estatal permanezca en el cargo.

 

Lagunes, ex diputada federal del PAN y precandidata por Morena, presentó en la semana, el audio completo de una supuesta llamada entre Juan Melquiades Vergara y Eduardo Gali Fayad, hermano de Antonio Gali, gobernador de Puebla. En dicho audio se evidencia la relación directa entre Vergara y los hermanos Gali y Rafael Moreno Valle. “Me recuerda mucho a la grabación del gober precioso, en Puebla le están llamando el “gober billetes”, señaló la ex legisladora.

 

También el dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro, coincidió: es el momento de separarse temporalmente de Casa Puebla en tanto se realiza una investigación y se determina si existió financiamiento de Vergara Fernández a la campaña de Gali por la Presidencia Municipal en 2013. “Creo que el gobernador de hecho y el gobernador de facto deben salir y dar la cara y aclarar qué está pasando, porque comunicados de esa naturaleza no resuelven nada, ni tranquilizan a la gente, porque hay indicios graves de corrupción”.

 

EN QUINTANA ROO “IMPERA LA LEY”

 

Mientras en Puebla se multiplican las voces exigiendo sea debidamente aclarada la complicidad demostrada entre el avecindado en Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, en la entidad desde donde quedó al descubierto la red tejida por el exfuncionario y los manejos por los cuales enfrenta un proceso, los priístas, los verdes, los de Encuentro Social, guardan un ominoso silencio. Los de Morena han dado más opiniones que lanzado reclamos o exigencias para saber a cuánto ascienden los daños provocados a los ciudadanos al hacer mal uso de los fondos públicos y los ejemplos saltan vergonzosamente.

 

Sabido es y por declaraciones de la titular, el Sistema de Comunicación estatal padece todo tipo de carencias. Se encontraron equipos ruinosos y como los números andaban muy mal aprovecharon para lanzar a la calle a los auténticos trabajadores, ubicándolos como lo hicieron con aquellos recomendados con salarios altos y con la prerrogativa de no hacer nada. Quien está al frente de este medio supuestamente creado para la participación generalizada, es decir, la de partidos políticos y organizaciones simpatizantes o no de quien ostentara el mandato, llegó al extremo de solicitar a quienes contaran con algunas cámaras u otros equipos que ya no usaran los donaran para ese Sistema. A la carrera terminaron de reunir parte de todos los requisitos impuestos a fin de que no les fuera cancelado el permiso de transmisión e hicieron cálculos de los millones requeridos para optimizar funcionamiento, transmisiones, hacer crecer la señal.

 

En el lugar trabajan camarógrafos, editores, publicistas con experiencia. Durante muchos años “sacaron al buey de la barranca” con los recursos con los cuales contaban. Resulta, a través del ex titular de Hacienda y hoy procesado poblano, contrataron servicios de varias empresas para la grabación de miles de anuncios sobre actividades gubernamentales para ser transmitidos, obviamente, por las televisoras locales. Pagaron una millonada pues los videos tuvieron un costo que va de los 17 mil 500 a los 46 mil 500 pesos por uno y la suma es mayor a las 600 producciones. Con esa erogación se hubiese modernizado gran parte de los equipos del Sistema y las producciones, inclusive de mejor calidad, tendrían el sello de la dependencia, con lo cual se encontraría una justificación de su actual presencia. Las autorizaciones las dio Vergara, el ex funcionario olvidadizo, el de las 15 empresas no recordadas. De este tipo de contrataciones inexistentes existe un antecedente a nivel federal ligado también a ese Sistema el cual sigue sin ser aclarado y todo por estar la familia de su actual titular de por medio.

 

Habrá de puntualizarse en este y en otros casos la ausencia de asesores con inteligencia, de la cerebral y de la proveniente de investigaciones y conocimiento de cada hebra de los políticos en la entidad, los cuales puedan llevar a Carlos Manuel Joaquín González a la toma de mejores decisiones. Al mandatario le quedan más de cuatro años de gestión y llevando a cuestas el lastre de un ex funcionario ya suficientemente exhibido no verá transcurrir el tiempo en un terreno de rosas sino todo lo contrario. Si a esa falta de personal debidamente preparado y con las mejores intenciones de llevar a quien los contrató al ejercicio de un gobierno exitoso, de reconocimiento, se le suma la llegada de quien demostró una gran incapacidad para difundir de manera correcta la información y la imagen gubernamental a la coordinación de asesores, el daño por venir causado por Felipe Ornelas es incalculable.

 

Ya ni las declaraciones de los delegados federales siguen la ruta de reconocimiento al gobierno y están total y completamente alejadas de la realidad. El ejemplo lo encontramos en Luis García Silva, delegado de la Secretaría de Economía y fiel simpatizante de Joaquín González, al afirmar son más las inversiones que se crean en Quintana Roo que las que cierran. El siguiente aviso es la mejor muestra de la falsedad expresada porque la reproducción y las quejas llegan, se difunden en los medios libres diariamente:

 

Estimada clientela y amigos:

 

Por este medio queremos comunicarles que las pizzerías El Tigre y El Toro, ubicadas en avenida Las Torres, esquina Avenida México, y en avenida La Costa, SM30, respectivamente, cierran sus puertas a partir de este mes de febrero de 2018. Quisiéramos compartirles también, a manera de testimonio, tanto de ciudadanos como de empresarios, que la razón es triste y simple: no hay negocio alguno que pueda sustentar un robo por semana. En lo que va del año hemos sido asaltados, a mano armada, una vez cada semana.

 

Ojalá y sirviera esto como un llamado a las autoridades pertinentes, no sólo para fungir como tales, sino para que se entienda, a todos los niveles, que entre inseguridad, delincuencia, corrupción, y la a veces incomprensible, arbitraria y contradictoria tramitología burocrática a la que está supeditado el funcionamiento de un comercio, es extenuadamente complicado emprender y sostener un negocio en esta ciudad. Cancún se está comiendo a Cancún. Al parecer quienes tienen y deben de pagar los platos rotos son los pequeños y medianos comercios, aquel emprendedor que se atreva, medianamente, a jugar en este juego sin reglas, donde la única preponderante es la de perder.

 

Por último, y sólo por mencionar un aspecto que consideramos trascendental: ¿Qué hace falta para deducir que no hay mejor condición, y la más propicia, para incentivar a la delincuencia, que la completa penumbra en la que se encuentra el llamado primer destino turístico del país? Llevamos meses y meses así, llámese la zona, avenida o región que sea. Porque entre extrañas e interminables licitaciones, cambios, inicios y finales de gobierno, el alumbrado público es nulo, en el mejor de los casos, insuficiente. De verdad nos preguntamos ¿cómo a estas alturas no se entiende la relación entre una cosa y la otra? Y no es que creamos que esa sea la solución al problema, pero sí probablemente una de las vertientes más importantes para combatirla.

 

Quisiéramos agradecer a la gente que nos acompañó durante estos años, por su preferencia y retroalimentación. Decirles que nuestra sucursal en Av. Huayacán y el restaurante en la Av. Náder están a sus órdenes, los esperaremos con el gusto y las ganas de cumplir con sus expectativas de siempre.

 

Saludos Cordiales.

ATTE

Grupo Tigre y Toro.

 

El manejo discrecional, al gusto de quien firma y autoriza se suponía una práctica de ese pasado al que tanto se critica, pero, demostrado ha quedado, resulta lo suficientemente útil para tapar las acciones irregulares del presente. Siempre hay tiempo para reflexionar sólo que, en términos de gobierno, hay plazos fatales.

 

Los días por venir, desgraciadamente, no serán mejores al trascender información sobre actividades nada claras llevadas a cabo por funcionarios de primer nivel nombrados por el gobernador y, de ser comprobadas éstas, quedará más que probada la inclinación de CJ a corresponder a las ayudas recibidas para lograr la posición, que el compromiso adquirido de hacerse acompañar por los mejores hombres y mujeres, los de honorabilidad y honestidad comprobada. ¿Dirán ahora que nada sabían sobre Julián Ricalde y Miguel Ramón Martín Azueta? O, como lo que les señalan fue antes, ¿la bendición del gobernador los redimió?

 

DE LOS PASILLOS

 

La impunidad para la clase política impera en México. Ahora le tocó al ex gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, quien libró el juicio que le fue iniciado por lavado de dinero y defraudación fiscal, cometidos en el 2015, por un monto de 8.8 millones de dólares… Guillermo Urbina Tanús, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, dictó la libertad por defraudación fiscal y lavado al ex mandatario sonorense, al estimar que la acusación carece de elementos e incumple con las formalidades legales… La acusación de la PGR señaló a Padrés de constituir en el 2011 una empresa en Holanda de nombre Dolphinius CV para esconder los sobornos que presuntamente recibió del empresario Mario Humberto Aguirre Ibarra, por adjudicarle contratos millonarios de uniformes escolares. En total se le acusó de transferir al extranjero 8 millones 830 mil dólares para después traspasarlos a diversas cuentas bancarias y reingresarlos al país, a una cuenta de la empresa Minera SWF, propiedad de Padrés y familiares. La minera cambio las divisas por 134 millones 229 mil pesos, dinero que dividió en depósitos a favor de 25 empresas, instituciones de gobierno, abogados y particulares… El fallo del juez acerca al ex mandatario sonorense a la libertad. Ahora sólo tiene pendiente que un juez federal de Toluca se pronuncie respecto a si debe o no continuar procesado por otro lavado de más de 10 millones de pesos. Por el momento, continuará preso en el Reclusorio Oriente…. pero, ya será por poco tiempo…

 

Otro caso a destacar en el terreno de la impunidad es el del empresario Amado Yáñez, quien ya recuperó el control de su naviera, Oceanografía, empresa de servicios petroleros que le fue incautada por el gobierno hace cuatro años tras destaparse un supuesto fraude contra Banamex… La PGR aseguró esa empresa en marzo de 2014 y quedó bajo control del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SEA), reemplazado por el síndico Sergio Hermida en agosto de 2017… El encargado del concurso mercantil de Oceanografía, el juez Felipe Consuelo, notificó la empresa dejo de estar bajo control del síndico Hermida, quien la administró durante su quiebra… Yáñez aún tiene problemas los cuales podrían dificultar el éxito del convenio concursal, aprobado por los dueños de sólo 50.9 por ciento de la deuda, e implica una quita de 96 por ciento del pasivo de más de 12 mil millones de pesos, y fue apelado por varios acreedores… El SAT busca cobrar a Yáñez 31 créditos fiscales que suman 910 millones de pesos por impuestos pendientes desde 2009, lo cual podría provocar el embargo de sus bienes. También hay pendientes dos procesos por violación a la Ley de Instituciones de Crédito por el supuesto desfalco a Citibanamex, sin embargo, en ambos es poco probable que sea condenado a reparar el daño debido a que el banco no fue reconocido como acreedor en el concurso mercantil.

 

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