CIUDAD DE MÉXICO, 6 de septiembre (AlmomentoMX).- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, llamó al Poder Legislativo de nuestro país a abordar, desde una perspectiva integral, los problemas que enfrenta nuestro país en materia de seguridad y justicia. Expresó su convicción de abrir un análisis y debate serio, objetivo y plural, informado y respetuoso sobre ese tema, ya que su atención y la falta de acceso a la justicia no pueden subordinarse a intereses particulares o coyunturas políticas.
“Más que limitarnos a regular la intervención de nuestras Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas o pretender encontrar en el aumento de la prisión preventiva oficiosa la solución al incremento en las actividades delictivas –explicó—, requerimos tratar estos temas bajo un esquema amplio, en el que veamos de manera conjunta y estructurada, la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia, para concretar de manera pertinente el cambio de la actual Procuraduría General de la República a una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz, así como determinar el tipo de autoridad que asumirá sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública, así como los modelos bajo los cuales se daría su operación”.
Por ello, convocó al Poder Legislativo a asumir con conciencia y plena responsabilidad las trascendentes tareas que tiene frente a sí, con base en los derechos humanos, que son el eje y parámetro que debe regir y condicionar todo el desarrollo de la actividad estatal, incluidas las funciones legislativas.
En este sentido, puntualizó que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores tiene el reto de contribuir a garantizar que los postulados del artículo 1° constitucional se preserven y materialicen en las leyes que se emitan para beneficio de toda la sociedad, para lo cual apeló a su patriotismo y responsabilidad para lograr éxito en el cumplimiento de dicha tarea.
Al hablar en el acto en que la senadora Angélica de la Peña Gómez presentó el Informe de Actividades 2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, afirmó que “se requieren soluciones integrales que propicien el respeto y vigencia de los derechos de todas las personas, al igual que el cumplimiento y aplicación de la ley”.
En la antigua sede del Senado y ante legisladores, representantes de la academia y de organizaciones de la sociedad civil, destacó que este acto es un ejercicio y muestra de la transparencia que debe imperar en un Estado Democrático de Derecho, en que las autoridades informan a la ciudadanía sobre el cumplimiento de la función que ésta confió y delegó en sus representantes. Apuntó que este informe de actividades permite conocer la intensa y productiva actividad legislativa desarrollada por las y los senadores, así como reconocer los avances registrados, además de reflexionar sobre los pendientes que subsisten.
Señaló como pendientes la conclusión de los procesos legislativos y la expedición de la ley general sobre desaparición forzada, la armonización normativa para que los organismos de derechos humanos gocen de los recursos y capacidades necesarias en el desempeño de sus funciones, la formulación de leyes como la relativa a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas, al matrimonio igualitario, al desplazamiento forzado interno y las adecuaciones normativas para prevenir y sancionar la violencia sexual contra niñas y niños en centros educativos.
También se pronunció por la eliminación del arraigo de nuestro sistema jurídico y la necesidad de modificar la Ley del Seguro Social, para eliminar las disposiciones que restringen el acceso a la pensión por viudez a los varones, por su carácter discriminatorio, que reproduce estereotipos de género contrarios a la igualdad entre mujeres y hombres.
El Ombudsman nacional reconoció el papel fundamental de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en el diseño normativo derivado de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, como la revisión y reforma de la Ley General de Víctimas, la dictaminación de iniciativas que llevaron a promulgar la ley contra la tortura, y la aprobación de dictámenes para reformar la ley sobre trata de personas.
En su oportunidad, la senadora Angélica de la Peña aseguró que la Comisión que preside entrega buenas cuentas y destacó la importancia de la sociedad civil en el trabajo legislativo realizado, ya que por ese tamiz pasan los cambios que ha hecho el Poder Legislativo en la revisión estructural del marco jurídico en materia de derechos humanos.
Sostuvo que en México es hora de tener leyes buenas y eficaces que sirvan a la gente. Muestra de una buena práctica legislativa, dijo, es la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, que nos unificará en todo el país para prevenir ese flagelo.
Aseguró que es fundamental apoyar a la CNDH, dándole con claridad desde la ley cuáles son las tareas para cumplir la gran responsabilidad de prevenir la tortura. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura debe tener libertad y autonomía para trabajar de manera transversal en esa materia, aseguró.
Por su parte, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, expresó su preocupación por la situación que vive el país, e indicó que México necesita una transformación profunda y merece un sistema de impartición de justicia eficaz, profesional e independiente de todos los intereses políticos.
De la seguridad interior, coincidió con el titular de la CNDH en que se necesita un debate profundo y público en torno de ese modelo para el país, así como revisar los avances y lo que no se ha logrado, y el impacto que se ha tenido en los derechos humanos.
Respecto del Sistema Penal Acusatorio, dijo que no se deben escuchar ni aceptar las voces que pretenden aumentar la lista de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa. Hay que preservar los avances y eliminar los resabios, concluyó.
En este acto también se contó con la presencia de las senadoras y senadores Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; Diva Hadamira Gastélum Bajo, Adriana Dávila Fernández, María Marcela Torres Peimbert y Layda Sansores San Román, Secretarias de la Comisión de Derechos Humanos; María Verónica Martínez Espinoza, María Lucero Saldaña Pérez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barrón, Lorena Cuéllar Cisneros, Jesús Casillas Romero, Miguel Ángel Chico Herrera y David Monreal Ávila, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.
AM.MX/fm
