Gregorio Ortega Molina
*Los MP no se colegiaron ni profesionalizaron, las policías continúan infiltradas por el crimen organizado, los juzgadores o se corrompen o se mueren de miedo y acatan las instrucciones políticas o las de los delincuentes. Es la decadencia absoluta de las instituciones de procuración y administración de justicia
La más clara expresión de los desaciertos del quehacer político está en los resultados inmediatos de la procuración y administración de justicia. La reforma constitucional penal no cuajó. Los juicios orales, ¿dónde, cuántos?
Esta reforma nació malograda, porque ni siquiera se preocuparon por modificar la mentalidad de los MP’s ni la de los juzgadores a una concepción del derecho diferente a la cual estudiaron y a la que se adaptaron durante su vida profesional. Si antes muchos de los juicios penales de resonancia nacional o internacional se dirimían en los medios, ahora, con motivo de la transparencia y la oralidad, se corre el riesgo de que suceda lo que en las novelas de Erle Satanley Gardner, cuyo personaje central se sirve de los periodistas para ganar juicios al Estado.
Mariano Azuela Güitrón no fue partidario de que los juicios se ventilen al aire de la moda; pero todavía fue más adelante en sus dudas y observaciones el ministro José Ramón Cossío, que advirtió, desde 2013: “La realidad no cambia por decreto, la reforma penal corre el riesgo de malograrse, pues no se observan los cambios institucionales necesarios para hacerla efectiva”.
Debió entrar en plena vigencia hace un año, y ahora, en julio de 2017, todo sigue a igual a como el ministro Cossío observó en 2013: “hay estados que están más adelantados que otros en la implementación de esa reforma, que prevé los juicios orales, avanza a diferentes velocidades, pero sin que se observe la necesaria transformación en las instituciones”.
Durante una entrevista concedida a El Universal, después de haber dictado una conferencia en el CIDE, indicó que más que una reforma constitucional y legal, lo determinante para que la reforma penal consiga los objetivos buscados, es que se produzca una reforma de las instituciones.
“Son los policías, los peritos, los fiscales, los litigantes y los jueces los que deben cambiar y estar preparados para cuando la reforma entre en vigencia; con las actuales conductas y formas de proceder de las partes involucradas en el proceso penal, simplemente se tratarían de resolver problemas nuevos con prácticas antiguas, que conducirían al fracaso”.
La nota de El Universal advierte que “durante la charla con la comunidad del CIDE, Cossío Díaz se refirió al cambio paradigmático en el derecho que significa la serie de reformas concretadas en los últimos años. Fundamentalmente, abundó, los cambios constitucionales en derechos humanos, la reforma a la Ley de Amparo y las implicaciones del caso Radilla, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Todos esos cambios, además de la reforma penal, obligan a un cambio cultural, modificar la enseñanza, así como la práctica del derecho para entenderlos y aprovecharlos”.
Los MP no se colegiaron ni profesionalizaron, las policías continúan infiltradas por el crimen organizado, los juzgadores o se corrompen o se mueren de miedo y acatan las instrucciones políticas o las de los delincuentes. Es la decadencia absoluta de las instituciones de procuración y administración de justicia. No han podido establecer lo propuesto por ellos mismos.
