Lilia Arellano
“Cuando más grande es el hombre, más grande es el crimen”: Thomas Fuller
- Profunda corrupción e indiferencia nacional.
- Juicio a “El Chapo” involucra a ex presidentes, militares y funcionarios.
- Acusación a Enrique Peña Nieto no escandaliza, sólo genera indiferencia.
- Gertz, Bátiz y De Gyves son la terna para el Fiscal General de la República.
Ciudad de México, 18 de enero de 2019.- A lo largo del llamado “Juicio del Siglo” que se sigue contra el capo narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el sistema político mexicano ha sido puesto en el banquillo de los acusados en la Corte de Nueva York, en donde ha sido cuestionada la denominada “guerra contra las drogas” de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la cual provocó la muerte de más de 200 mil personas. Las acusaciones han llegado al extremo de implicar al ex mandatario mexiquense en la recepción de un soborno de 100 millones de dólares por parte del capo sinaloense. La revelación causó revuelo en los Estados Unidos, pero indiferencia en México, donde se encuentran más preocupados por el abasto de gasolina, y la militarización del combate a las organizaciones criminales.
Las acusaciones de corrupción no impactan ya en la opinión pública de México tras un largo sexenio de casos al más alto nivel político. A los mexicanos esto no los mortifica pues saben no habrá respuesta alguna y nada cambiará. La cultura de corrupción e impunidad rampante se ha vivido a diario en los últimos años. Los ciudadanos saben que este tipo de acusaciones nunca prosperan en un cuestionado sistema judicial, en donde jamás se ha investigado con seriedad la opaca intersección entre el gobierno y el crimen organizado. En México el Estado de Derecho es débil y no hay capacidad de investigación. Además, las acusaciones de un “testigo protegido”, un narcotraficante colombiano de nombre Álex Cifuentes Villa, quien trabajo con Guzmán Loera de 2007 a 2013, no generan confianza, ni credibilidad.
Hay una total falta de confianza en la fuente de la acusación. Los mexicanos siguen esperando pruebas que respalden esas acusaciones para poder proceder a un verdadero enjuiciamiento en México, no en el extranjero. Hasta el momento sólo hay rumores en boca de un narcotraficante que espera obtener beneficios al momento de ser condenado. Hay varios puntos que hacen dudar de la veracidad de esa acusación: en primer lugar, si “El Chapo” le pagó a Peña Nieto 100 millones de dólares, entonces su dinero no le valió gran cosa, pues el mandatario terminó por extraditarlo a Estados Unidos. Además, Peña Nieto podría haber deducido que cualquier secreto que ambos hubieran acordado probablemente se mencionaría durante los procedimientos judiciales en Estados Unidos.
En el Congreso mexicano esperan que el juicio en Brooklyn produzca verdaderas evidencias que respalden esas acusaciones. “Para empezar una investigación hacen falta pruebas”, señaló Marco Gama, senador del PAN, quien recordó a la fecha no se había presentado ninguna. El hecho concreto es que Cifuentes Villa no declaró sobre un hecho que él hubiera visto o en el que hubiera participado sino que simplemente le había contado al jurado algo que Guzmán le había dicho a él.
“El Chapo” fue extraditado desde México en enero de 2017, acusado de liderar entre 1989 y 2014 el Cártel de Sinaloa, “la mayor organización de tráfico de droga”, según la acusación. La fiscalía asegura que este capo envió a Estados Unidos al menos 154 mil 626 kilos de cocaína, además de múltiples toneladas de otras drogas, embolsándose unos 14 mil millones de dólares. A pesar de su detención y extradición, el Cártel de Sinaloa sigue siendo muy poderoso, con Ismael “El Mayo” Zambada al frente. La demanda es fuerte: en Estados Unidos el consumo de opiáceos se ha tornado una epidemia que en 2016 mató un promedio de 174 personas por día.
Algunos de los colaboradores de la fiscalía en este juicio son: Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael ”El Mayo” Zambada, Miguel Ángel “Tololoche” Martínez, el colombiano Juan Carlos “Chupeta” Ramírez, líder del Cártel del Norte del Valle, y los mellizos Pedro y Margarito Flores, quienes traficaron desde sus cuarteles en Chicago hasta 2 mil kilógramos de cocaína al mes en distintas ciudades de Estados Unidos.
Desde el primer día del juicio a “El Chapo”, su defensa a través del abogado Jeffrey Lichtman, aseguró que el Cártel de Sinaloa sobornó a los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y señaló como el verdadero líder de esa organización criminal a Ismael “El Mayo” Zambada. Tanto Calderón como Peña Nieto respondieron que esas acusaciones son “falsas”. Posteriormente, el narcotraficante Jesús “El Rey Zambada García señaló a “El Chapo” como uno de los líderes principales del Cártel de Sinaloa y explicó cómo en una ocasión le ayudó a escapar de las autoridades mexicanas. Dijo que “El Chapo” y “El Mayo” eran “socios” y dirigentes principales de la organización, de la que él mismo fue un “sublíder” y principal responsable en la Ciudad de México.
“El Rey” Zambada detalló que “El Chapo” y su Cártel de Sinaloa sobornaban a la Procuraduría General de la República (PGR), a la policía, a militares y hasta a la Interpol, pagando solo en sobornos en Ciudad de México 300 mil dólares mensuales, a fin de proteger el contrabando de la droga colombiana que viajaba a Estados Unidos vía México. Zambada también declaró entregó dos maletas con un total de entre seis y ocho millones de dólares en sobornos al ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna entre 2005 y 2006. Detalló que pagó a este funcionario en un restaurante a cambio de protección para el cártel. La primera vez, García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación de la PGR. En el segundo pago, en 2006, era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. García Luna negó las acusaciones.
Las menciones en la Corte sobre los casos de corrupción a militares fueron de la mayor atención de los medios que cubren el juicio a “El Chapo”. Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, reveló nombres de generales incluidos en la nómina del Cártel de Sinaloa durante los mandatos de los ex presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. El jueves 3 de enero, el testigo del Departamento de Justicia nombró al general Humberto Eduardo Antimo Miranda, ex Oficial Mayor de la Sedena, y al coronel Marco Antonio de León Adams, jefe de la guardia personal de Vicente Fox cuando era presidente, como los militares comprados por el Cártel de Sinaloa. Asimismo, el general de División y ex jefe del Estado Mayor Presidencial Roberto Francisco Miranda Moreno.
En la quinta semana de audiencias en el juicio en Brooklyn hizo su aparición un testigo de la fiscalía, un intermediario entre la entonces guerrilla colombiana de las FARC y el Cártel de Sinaloa. Se presentó una evidencia de peso: la grabación de una plática telefónica con Guzmán en la que se habla sin duda de tráfico de cocaína. Este testigo aseguró existió una negociación fallida entre los narcos mexicanos y algunos funcionarios de Pemex para organizar el tráfico de cocaína desde Ecuador.
A finales de 2007 se dio la primera de estas reuniones en las montañas. Presentes, además de Guzmán Loera y Jorge Cifuentes, estaban Damaso López y un representante de Pemex, Alfonso Acosta, junto con “otros señores de Pemex”, de acuerdo al testimonio. En esta reunión hablaron de que “había unos barcos tanqueros disponibles de Pemex, que podían ir a Ecuador”, para recoger cocaína y petróleo y regresar a descargar en la “refinería Lázaro Cárdenas” en el Pacífico. Cifuentes precisó no se concretó el negocio con los funcionarios de Pemex, y que en su lugar utilizaron barcos tiburoneros para transportar la droga.
Siete testigos colaboradores, así como un video y dos grabaciones de llamadas telefónicas sustentan la evidencia del caso que armó la fiscalía contra “El Chapo” en la corte de Distrito este de Nueva York, en donde se ha cuestionado ferozmente los últimos gobiernos del PRI y del PAN. De acuerdo a los abogados de Guzmán Loera el mayor juicio sobre tráfico de drogas en la historia terminará hacia finales de enero,
DE LOS PASILLOS
Alejandro Gertz Manero, Bernardo Bátiz y Verónica de Gyves conforman la terna de aspirantes a Fiscal General que envió el Presidente de la República al Senado, reportó Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta. De acuerdo con fuentes legislativas, los tres aspirantes comparecerán este jueves ante la Comisión de Justicia. El primer Fiscal General de la República será electo con el voto de las dos terceras partes del Pleno del Senado…
¿Sabe usted quién es Ismael Reyes Cruz o René Cruz Colchado? De acuerdo a denuncias ciudadanas, junto con María Elena Martínez, María Leticia Jiménez y Rocío Villa Prieto o Rocío Prieto Villa, funcionaban como promotores del gobierno federal para conseguir beneficios de varias cantidades, desde 450 mil pesos hasta cinco, once y quince millones de pesos, además de viajes todo pagado a diferentes centros turísticos, así como camionetas del año y apoyos para remodelación de casas. También ofrecían plazas para trabajar en diferentes oficinas de gobierno y pedían hacer los depósitos en una cuenta de Banco Azteca de Guardadito número 94861373068372, y también se le depositaban a otra cuenta a nombre de René Cruz Colchado número 4514136367519. Pedían se realizara un depósito a nombre de Ismael Reyes Cruz, cuya cantidad variaba dependiendo del beneficio de interés respectivo. Esa labor presuntamente fue encomendada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Hacían firmar a los interesados de los beneficios una carta de confidencialidad con la firma de Peña Nieto. Todas los señalados arriba se esconden ahora de las personas que realizaron depósitos confiados en la recepción de dichos beneficios.
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