CIUDAD DE MÉXICO, 17 de junio, (AlMomentoMx).- En medio de un periodo electoral manchado por la violencia contra candidatos a alcaldes y diputaciones, de un partido histórico de la Selección Mexicana de Fútbol en el Mundial de Rusia 2018, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio, Peña Nieto anunció la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40 por ciento de las cuencas escurre 55 por ciento de las aguas superficiales del país.
Lo que el presidente Peña Nieto hizo con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en dichas cuencas, presumiendo que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años.
El mandatario se hizo acompañar de una organización no gubernamental internacional: World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza) la cual aplaudió la decisión presidencial. En este sentido, el presidente de esta ONG en México, Jorge Rickards, declaro que “Estos decretos representan una visión de futuro que evitará la grave sobre explotación, contaminación y escasez que vivimos en muchos otros ríos del país”.
Sin embargo, la coalición Agua para Todos concluyó que los diez decretos que levantan la veda sobre estas diez cuencas de agua, abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.
La coalición Agua para todos, en un primer análisis de la decisión ejecutiva de Peña Nieto del pasado 5 de junio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio, encontró que “estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”.
Los trasvases de agua, favorecidos por dichos decretos, de una cuenca a otra, según explican los especialistas, son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes. En este caso, se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de “desarrollo”, se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.
Permiten el otorgamiento de volúmenes a cualquier entidad elegible a ser titular de una asignación–esto incluye a cualquier entidad pública o paraestatal, incluyendo a CFE y PEMEX. Los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios.
Pero además, la coalición Agua para Todos estimó que los decretos de levantamiento de veda anunciados por Peña Nieto el 5 de junio, podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían “las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron”.
Por sus consecuencias, estos decretos ejecutivos son el equivalente a una “reforma estructural” en materia de agua, pero sin pasar por el poder Legislativo, sólo utilizando facultades del poder Ejecutivo.
De acuerdo con el portal noticioso Sin Embargo, estos decretos de levantamiento de veda de utilización de aguas en 300 de las 756 cuencas que existen en el país, se traducirián como la “joya de la corona” de una serie de reformas estructurales de Peña, pues implican dirigir el principal recurso y bien común de los mexicanos no a la satisfacción para la reproducción de la vida, sino para alimentar las distintas dinámicas de acumulación de capital que predominan ahora en México. Desde ahora podemos vaticinar el fracaso de esta política estatal y la defensa de pueblos, comunidades y barrios de sus recursos.
(Con información de Sin Embargo)
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