Por Mouris Salloum George*
Desde que los gobiernos neoliberales de América Latina -entre ellos el de México- empezaron a ceder dominio territorial a la actividad extractiva, sobre todo de capital extranjero, la de la minería empezó a ser tipificada como industria de la muerte, básicamente por la depredación ambiental y social.
En nuestro país, la empresa minera (a salvo de contraprestaciones reales), es favorecida fiscalmente. Una parte de su contribución al fisco proviene de pago de derechos, sujetos a deducibilidad.
Por lo que toca al Impuesto sobre la Renta, en 2002 el sector aportaba, sobre una recaudación total de más de 300 mil millones de pesos, el 2.18 por ciento. En 2013, sobre un total de 906 mil millones de pesos, el 2.77 por ciento.
Si el ábaco no falla, en más de una década la minería sólo ha incrementado su contribución a la Hacienda federal en 59 décimas.
Los publicistas de los grupos dominantes aseguran que el sector minero participa con 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Los números de la Secretaría de Hacienda sitúan esa participación en 1 por ciento.
Carlos Slim, German Larrea y Alberto Bailleres
En el periodo analizado, la revista Forbes, en su nómina de los más ricos del mundo, nombra a Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota-Velasco y Alberto Bailleres González, de los grupos mineros Frisco, México y Peñoles, respectivamente.
El 20 de noviembre de 2018, cuando se conoció la iniciativa para reformar el régimen legal de la minería, se destacó a bote pronto la defensa que un analista financiero local hizo del Grupo México, del citado Larrea Mota-Velasco.
Sobre Larrea Mota-Velasco pesa la coloquial tipificación de homicida industrial por la tragedia en la mina Pasta de Conchos, Sabinas, Coahuila, que dentro de diez días cumple 13 años aupada por la impunidad. Los cadáveres de las víctimas no pueden ser rescatados aún por sus familiares.
En agosto de 2014 se registró el desastre ambiental ocasionado en los ríos Bacamuchi y Sonora, del estado del mismo nombre, por el delibrado derrame de residuos tóxicos en la minera de cobre de propiedad del Grupo México. Es hora de que no se cumplen los compromisos contraídos por Larrea Mota-Velasco para reparar los daños.
¡Cuidado! ahí vienen los “populistas confiscadores”
Hace unas horas, la Secretaría de Economía anunció que están a revisión unas cinco mil concesiones mineras, que eventualmente podrían estar expuestas a cancelación por conflictos relacionados, más que nada, con la liberación de terrenos dados a exploración y explotación.
Por supuesto, los picos de ganso que nada quieren saber de transformación y litigan oficiosamente en los medios por los magnates privados, han puesto el graznido en el cielo por la amenaza de confiscación de esas concesiones, según denuncian.
Imagínese usted, poner en riesgo 328 mil empleos directos y un millón 600 mil indirectos, es un atentado de lesa economía nacional. ¿O será un atentado contra los personajes más ricos de México y el mundo, que no podrían mejorar su posición en la lista Forbes? Es pregunta.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
