CIUDAD DE MÉXICO, 10 de diciembre (AlmomentoMX).- Ninguno de los cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que contenderán el próximo 1 de enero de 2019 por dirigir hasta 2022 al máximo órgano Judicial del país así como el Consejo de la Judicatura Federal presentó como parte de sus propuestas la reducción de salarios para jueces, magistrados ni ministros, aunque sí congelación de partidas presupuestales y mantener la separación de Poderes.
Se trata de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quienes buscan suceder a Luis María Aguilar en el cargo al ganar el favor de los restantes seis ministros (a falta del restante que podría ser definido a partir de la terna enviada por Andrés Manuel López Obrador al Senado).
Los cuatro aspirantes presentaron ante el órgano Judicial las propuestas de trabajo aceptan que el Poder Judicial tiene problemas de corrupción interna que deben ser atendidos, lo que empata con la supuesta agenda del presidente de la República. Sin embargo, todos marcan distancia sobre la reducción a sus salarios como lo determina la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos publicada el 5 de noviembre, en tanto que la Constitución los ampara.
Además, ante la nominación de Loretta Ortiz, Celia Garía y Juan Luis González, cercanos a López Obrador, y nominados por éste a ocupar el cargo puesto restante en la Sala Superior, los ministros exaltaron defender la separación de Poderes a fin de mantener la autonomía de la Corte.
Arturo Zaldívar propuso congelar cuatro años los salarios de los mandos y que el acceso a todos los puestos judiciales, no sólo jueces y magistrados, se sujete a examen, con lo que se prevendría la injerencia de intereses externos como los del presidente y los senadores.
“Hacer oídos sordos a los reclamos y entender a la división de poderes como aislacionismo o pretender que somos inmunes a los procesos políticos, nos colocaría en una posición de vulnerabilidad y pondría en riesgo nuestro rol institucional”, apuntó.
Gutiérrez Ortiz Mena destacó el acompañamiento a las políticas públicas planteadas desde el Ejecutivo federal en contra de la corrupción “en materia de licitaciones y garantizar condiciones de transparencia en contrataciones públicas. Pero apuntó que el Poder Judicial no cederá ante presiones de las agendas políticas y las reformas que se impulsan desde el Ejecutivo y Legislativo.
“El PJF pone en riesgo su legitimidad cuando cede a las presiones externas irrazonables, pero también cuando se resiste a acoger las demandas razonables de una sociedad que desea abatir un régimen poco republicano de lo que percibe como desmesura y privilegios. Estas demandas sociales mejoran, perfeccionan y fortalecen nuestras instituciones, incluido el PJF”, subrayó.
Pardo Rebolledo aceptó que las medidas de austeridad en el organismo resultan necesarias pero resaltó que la Suprema Corte será el órgano encargado de hacer valer el equilibrio de Poderes durante los siguientes tres años para salvaguardar el marco jurídico mexicano y atender de manera imparcial a todos los actores políticos y sociales.
“Con humildad, compromiso y respeto a ese sentir ciudadano, la respuesta no puede ser otra que la de escuchar receptivamente cada cuestionamiento dirigido a la impartición de justicia, y la de reaccionar, de manera inmediata, implacable y definitiva para combatir, sin temores ni inseguridades, cualquier mala práctica que amerite corrección en los tribunales federales”, puntualizó.
Finalmente, el ministro Alberto Pérez Dayán, quien presentó el acuerdo para suspender la Ley Federal de Remuneraciones, enfatizó el impulso a medidas en contra de la corrupción e impunidad, aunque dio relevancia a la defensa de la posición de la Sala Superior de la Suprema Corte como el punto de referencia en el país de la autonomía en la toma de decisiones frente a la presión que gobernantes y actores políticos intentan ejercer desde los escándalos públicos.
“Restringir su autonomía o no ejercerla cabalmente implica una violación a los derechos humanos. El garante de la Constitución debe ser, primero, garante de su propia autonomía. La autonomía del Poder Judicial de la Federación se fortalece en la medida que, desde la Suprema Corte, luchemos contra la impunidad y la corrupción, frente al abuso de la autoridad y la violación de los derechos humanos. La autonomía que debemos impulsar no es aquella que solapa conductas indebidas, ni emite criterios que favorecen al poderoso frente al desvalido”, concluyó.
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