CIUDAD DE MÉXICO, 5 de diciembre (AlMomentoMX).— Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, abandonó el penal de Pancho Viejo, en Coatepec, para continuar su proceso en libertad.
Tras determinar que la desaparición forzada no amerita prisión preventiva, la jueza de Control, Alma Aleida Sosa Jiménez, decretó la modificación de la medida cautelar de prisión.
Además, la jueza determinó el pago de garantía de un millón de pesos, la entrega de su pasaporte, el no poder acercarse a testigos y acudir a firmar en juzgados cada ocho días.
Rodolfo de la Guardia, abogado del ex funcionario, indicó que la jueza del caso reconoció que se abusó de la prisión preventiva, por lo que Bermúdez Zurita seguirá su proceso por desaparición forzada, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en libertad.
En respuesta, la Fiscalía General de Veracruz condenó que “responsables del saqueo y desaparición forzada de personas en Veracruz, enfrenten sus procesos en libertad”.
“Dentro de la carpeta de investigación en contra del ex secretario de Seguridad Pública existen testimonios de víctimas sobrevivientes, testigos presenciales, dictámenes técnicos y periciales, así como evidencia documental que exhibe que la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Arturo, documentaba las desapariciones forzadas”, detalló la dependencia en un comunicado.
Destacó que se cuenta con datos sólidos “que acreditan la probabilidad de que Arturo encabezó una estructura organizada que desde la Secretaría de Seguridad Pública cometió de manera sistemática desapariciones forzadas, la FGE considera que la única medida cautelar posible es la prisión preventiva”.
“La Fiscalía General del Estado de Veracruz rechaza la resolución emitida el día de hoy, en el sentido de que el delito de desaparición forzada de personas no es grave y por lo tanto no amerita prisión preventiva oficiosa”, indicó.
También rechazó que Bermúdez Zurita siga su proceso en libertad. “La presentación periódica semanal, la garantía de un millón de pesos y la prohibición de acercarse a víctimas y testigos, no resulta suficiente en la opinión de la Fiscalía para asegurar la integridad de estos últimos”, añadió.
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