PUEBLA.— Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del expresidente municipal de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, así como de ocho personas más —entre ellas su hermano y la exdirectora de Seguridad Pública de la demarcación—, señalados de integrar una red criminal dedicada al asalto a transporte de carga, extorsión y secuestro en el estratégico corredor carretero Puebla-Veracruz.
La resolución judicial se dio tras el desahogo de datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), imputándoles presunta responsabilidad en delitos contra la salud y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Los implicados y el intento de soborno
Junto con el exedil de Esperanza, fueron vinculados a proceso su hermano Manuel Rodríguez Ochoa; Verónica García Ramírez; Efraín Rojas Arcos; Cristian Fernando Sarmiento Serrano; Eduardo Ramos Montiel; Melesio Castillo González y José Alfredo Zúñiga Hernández, alias “El Maestro”, a quien informes de inteligencia vinculan con el grupo delictivo “Los Zúñiga”.
En el caso de Abigail Contreras Camacho, exdirectora de Seguridad Pública municipal, el impartidor de justicia sumó a su proceso el delito de cohecho, luego de que el Ministerio Público Federal acreditó que presuntamente ofreció dinero a los agentes de investigación para frenar una de las intervenciones domiciliarias. Por ello, el juzgador concedió un plazo de un mes para la investigación complementaria, mientras que para el resto de los procesados se fijó una ventana de dos meses.
El saldo del Operativo Enjambre
Las capturas derivaron de una ofensiva interinstitucional ejecutada días atrás mediante 23 órdenes de cateo simultáneas en el municipio de Esperanza. En el despliegue intervinieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como corporaciones de seguridad y procuración de justicia del estado de Puebla.
Durante las diligencias, las autoridades desmantelaron el arsenal y la capacidad logística de la célula al asegurar:
• 35 armas de fuego (incluidos dos fusiles de alto poder tipo Barrett) y 52 cargadores.
• Diversas dosis de estupefacientes preparadas para su venta.
• 11 vehículos intervenidos, cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal equipado con torreta.
• Equipo táctico militar, un dron de vigilancia e inhibidores de señal para bloquear el rastreo satelital de transportistas.
Con este fallo judicial, los nueve detenidos permanecerán recluidos en un penal federal mientras concluye el periodo complementario de investigación y la FGR robustece las carpetas por los delitos del fuero común y federal cometidos en una de las rutas comerciales más transitadas del centro y sureste del país.
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AM.MX/dsc
