CIUDAD DE MÉXICO.-En noviembre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con La Opinión de México, todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.
Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.
La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G”, que operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.
En el caso de una de las empresa que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.
Es fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.
Sobre la participación de Gabriel “M”, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas. El caso se seguirá investigando.
A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.
VA INTERPOL POR 8 EN CASO GÓMEZ MONT; AQUÍ LOS NOMBRES
Un total de ocho fichas rojas fueron las que realmente emitió la Policía Internacional (INTERPOL), y no dos, como se dijo en principio, en contra de Víctor Manuel A.P. y de su esposa Inés G.M; también contra seis ex funcionarios más, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos y peculado, delitos que no les permitirían llevar su proceso en libertad y cuyas penas van de los 20 a los 60 años de prisión.
Ante la emisión de las fichas. La INTERPOL busca a Víctor Manuel A.P, socio del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y a Inés G.M, así como a seis personas más en los 192 países donde mantiene jurisdicción.
Otro personaje que si bien no figura en la lista de los buscados por la policía sí está en problemas, es el mandatario yucateco, pues es un secreto a voces que durante muchos años ha sido su patrocinador y socio.
La intervención de Interpol se sustenta en las órdenes de aprehensión otorgadas por el juez de Distrito Iván Aarón Zeferín Hernández, con sede en el Estado de México, derivadas de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORIFAM-MEX /0000758/2019.
La Fiscalía General de la República, argumentó ante el impartidor de justicia que el arresto es necesario toda vez que los imputados son personas con amplio poder económico y capacidad de movimiento por lo que podrían sustraerse a la acción de la justicia.
AM.MX/fm
