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Carlos Navarro Sugich, procurador de Sonora

HERMOSILLO, 2 de septiembre (Al Momento Noticias).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha detenido a ocho personas por la venta de por lo menos nueve niños recién nacidos en el DIF de Sonora, informó el procurador Carlos Navarro Sugich.

Las ocho personas arrestadas hasta ahora son padres adoptivos, cuyos nombres no se dieron a conocer, mientras que los líderes de la banda delictiva siguen prófugos.

Luego de que el 27 de agosto pasado dio a conocer que se liberaron 16 órdenes de aprehensión por los cargos de suposición, supresión y ocultación, hasta el momento se sabe que 13 son contra padres sustitutos y las otras corresponden a un funcionario del DIF Sonora, a un abogado de la Unión Ganadera y a un médico del IMSS, quienes se encuentran prófugos de la justicia.

Se trata de Vladimir Arzate Carbajal, ex subprocurador de la Defensa del Menor y quien encabezaba la red de venta de menores; José Manuel Hernández, ex abogado de la Unión Ganadera y quien contactaba a los padres sustitutos, y un médico del IMSS adscrito al municipio de Empalme; quien se encargaba de vender los avisos de nacimiento por 15 mil pesos.

El procurador precisó que la causa penal se mantiene abierta para seguir con la investigación y búsqueda de más menores bajo las mismas circunstancias y de otras personas que podrían estar involucradas en los delitos.

Reiteró el llamado a las mujeres con “transitoria vulnerabilidad” que entregaron a sus hijos al organismo para que se acerquen a la procuraduría a reclamarlos, puesto que se desconoce quiénes son, porque los menores no llevan sus apellidos.

Navarro Sugich afirmó que aunque es una situación muy dolorosa porque a esos niños “lo que les sobró fue amor”, a los padres adoptivos involucrados también se les seguirá proceso penal bajo los cargos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante, así como por sustracción y tráfico de menores e incapaces.

No descartó que existan más casos de la venta de niños, pues desde marzo de 2012 se recibió la primera denuncia anónima sobre el caso, en el que por cada uno pedían de entre 80 mil a 150 mil pesos.

Señaló que los padres adoptivos han cooperado y podrían obtener libertad bajo fianza, pero aún enfrentan posibles sentencias de seis meses a seis años de prisión.

A su vez, José Manuel Estrada, Premio Nacional de los Derechos Humanos 2014, solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso por tratarse de delitos de delincuencia organizada y trata.

El también representante de la sociedad civil ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para el delito de trata, dijo que si la PGR atrae el caso esto dará pie a que se realice una investigación de forma y de fondo por el número de personas que participaron en el delito. “Es claro que se trata de delincuencia organizada”, subrayó.

AMN.MX/bhr

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