Federico Berrueto
De la marcha, es natural que el comentario editorial e informativo se centre en el número de asistentes. También tradicionales son los cálculos a la baja de las autoridades, con frecuencia groseramente ridículas. La realidad es que los números de asistencia importan y quizás no tengan precedente, pero más la causa que convoca y su vínculo con quienes asisten y quienes observan. En este caso, el presidente López Obrador se metió de lleno en desacreditar e insultar a convocantes, asistentes y causa. La asistencia y el motivo son un firme revés a la intentona golpista a la institucionalidad democrática.
Como quiera que sea, es trascendente. Un acierto que los partidos y sus dirigentes no cobraran protagonismo. Igualmente, la participación de un orador único, José Woldenberg, con múltiples virtudes para efectos de la amenaza contra la democracia: de izquierda, intelectual de sólidas credenciales, de inobjetable trayectoria, demócrata, primer consejero del IFE y autoridad en el momento fundacional de la transición democrática, esto es, cuando el PRI pierde mayoría en el Congreso, ratificada por la alternancia en la presidencia de la República tres años después. Mensaje claro y firme en defensa de la democracia y de rechazo al intento de regresar al pasado.
Ha sido un equívoco calificar solo como electoral la iniciativa presidencial. Es una reforma de Estado en cuanto que modifica los órganos del Estado mexicano y al sistema federal. El INE y el Tribunal Electoral son instituciones de Estado. El esquema de designar a los Consejeros y Magistrados electorales inevitablemente lleva a la parcialidad y para el futuro inmediato al alineamiento al proyecto político electoral de López Obrador. No menos desafortunada es la exclusión de la pluralidad en el Senado de la República y su marginación en la Cámara de Diputados, acompañada de la sobrerrepresentación de la primera minoría; a grado tal que en un escenario como el de 2018 tendría el poder de cambiar la Constitución sin tener que recurrir a partido alguno, ni siquiera al PT o PVEM.
Es un error tomar como base la proyección de integración legislativa con base a los resultados de una elección. Hay que aclarar que con lo que se propone se benefician las minorías mayores y se perjudica a las minorías pequeñas para el caso de la Cámara de Diputados y, en el Senado se les excluye. Tampoco es aceptable la idea de que es conveniente desaparecer la facultad de las entidades de la Federación para organizar sus elecciones, así como sus Congresos locales y órganos de representación y gobierno municipal. El INE no se toca, tampoco el federalismo. El centralismo ha ganado la batalla desde hace tiempo incluso en las mentes más lúcidas.
El presidente y su partido están atrincherados en su propuesta y difícilmente habrá un cambio mayor. Así ocurre porque el proyecto populista, leal a su condición, se ha propuesto acabar con la institucionalidad de la representación política, así como con el constitucionalismo, esto es, el régimen para acotar el poder presidencial mediante la legalidad y el régimen de separación de poderes y de pesos y contrapesos. Valga la expresión, la propuesta presidencial es el curso para un régimen de democracia autoritaria, que de democracia poco tiene y mucho de autoritarismo, en contra de la lucha para lograr elecciones confiables, una razonable representación de la pluralidad y un régimen federal y municipalista.
De la marcha importa la causa. Su destinatario es la oposición legislativa. La fractura del bloque opositor con la iniciativa de militarización fue un duro golpe al mandato de contención derivado de la elección intermedia. Preocupa mucho que el PRI pudiera participar del intento golpista del régimen al sistema democrático, tanto electoral como el de representación política.
Desde el gobierno se ha dicho una y otra vez que el PRI en la Cámara de Diputados está negociando la reforma electoral. Los desmentidos tricolores son confusos y preocupantes. Aunque no prosperara la reforma por la previsible resistencia de los senadores priístas, debe quedar claro que la designación del oficialismo de los nuevos cuatro consejeros electorales podría realizarse en connivencia con los diputados tricolores. Por eso, es más que válido el reclamo al INE no se toca, exigencia para el presidente, su partido y para quienes, traicionando su condición opositora, pudieran sumarse a la embestida contra la institucionalidad democrática.
