El GPPRI denunció que atenta contra el derecho humano a la privacidad, pues la autoridad utilizará herramientas de geolocalización para ubicar, perseguir e incluso hostigar al contribuyente. Es discrecional, opinaron, debido a que genera incertidumbre jurídica, además de que reducirá el crédito a las empresas y soportar las gestiones de cobranza.