CIUDAD DE MÉXICO.— Uber, una plataforma de transporte privado y servicios de entrega, aseguró que “no resuelven algún problema” las medidas como el impuesto de 2 por ciento que el Gobierno de la Ciudad de México comenzó a cobrar el 15 de enero por el uso de la infraestructura pública.
“Creemos que esta no es la manera de solucionar, sobre todo en el contexto donde las soluciones de entrega accesible son más importantes para la economía (…). Entonces, como siempre, estamos dispuestos y abiertos a hablar con las autoridades para encontrar mejores alternativas para encontrar mejores alternativas”, indicó en conferencia María Eugenia Zurita, directora de comunicación de Uber.
La directiva resaltó que las empresas de la economía digital, como Uber, ya retienen impuestos de sus conductores y repartidores, y que pagan impuestos federales en el país, como IVA, ISR, además de impuestos locales como el predial, con el propósito de mejorar la infraestructura de la urbe.
“Estamos analizando cómo impactaría a todo el ecosistema, pero no va a tener ningún impacto en las ganancias o tarifas para los usuarios”, agregó Zurita.
#QueNoSeTePase 🤑| Uber asegura que el incremento del 2% al impuesto a las apps de reparto, no afectará a las ganancias de sus socios, los conductores o repartidores, ni en las tarifas de los usuarios.
¡Menos mal!, porque todo está subiendo 😔 pic.twitter.com/txt5aw9pSF— Pórtico MX (@porticoomx) January 20, 2022
⇒ El nuevo impuesto del 2 por ciento se cobrará a todas las empresas de entrega como Rappi, Amazon, Mercado Libre, Uber Eats y Didi por utilizar la infraestructura de la Ciudad de México.
A inicios de enero, el colectivo Ni Un Repartidor Menos presentó un oficio para impugnar el nuevo impuesto, el cual entregó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).
“La Ciudad de México pretende, sin decirlo abiertamente, establecer el pago de un aprovechamiento (impuesto), por el uso de la infraestructura, siendo en sí, el equivalente a cobrar un derecho de piso por transitar en la Ciudad de México, cuando el libre tránsito se encuentra garantizado por la propia Constitución”, apuntó el colectivo en su oficio.
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AM.MX/dsc
