CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), Alejandro Martínez Araiza, enfrenta una severa ola de cuestionamientos tras revelarse que gastó alrededor de 4 millones de pesos del patrimonio sindical en cinco viajes injustificados a Estados Unidos y Canadá.
Las erogaciones se realizaron sin la autorización ni el conocimiento de la base trabajadora, bajo el pretexto de entablar negociaciones en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Con gastos individuales por viaje que oscilaron entre los 250 mil y 400 mil pesos, Martínez Araiza destinó recursos generados por las cuotas obreras a la contratación de firmas de cabildeo (lobbying) y agencias de relaciones públicas en el extranjero.
El objetivo de este despliegue mediático era proyectar una falsa imagen de influencia internacional. Sin embargo, en los hechos carece de representación formal, ya que no forma parte del “cuarto de junto” del sector obrero acreditado ante las autoridades mexicanas, un espacio reservado para liderazgos de centrales como la CTM, el Sindicato Minero y la UNT.
Tras estas costosas giras, los 17 mil agremiados del SNAC no han recibido un solo beneficio tangible en materia salarial o contractual.
Este derroche financiero vulnera abiertamente el marco jurídico laboral en México. La omisión de informes financieros detallados configura una infracción directa al Artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, el cual mandata a las directivas sindicales a transparentar semestralmente la administración de sus recursos.
A esto se suma el desacato continuo ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), organismo que ha requerido formalmente a la dirigencia del SNAC aclarar el paradero de más de 500 millones de pesos acumulados en cuotas sindicales.
La combinación de un gasto discrecional desmedido, la opacidad patrimonial y una reelección marcada por 11 causales de nulidad coloca al SNAC en un terreno de alta fragilidad.
De cara a la revisión del T-MEC, mantener un liderazgo viciado no solo vulnera a los trabajadores, sino que convierte al sindicato en un pasivo para las empresas donde opera, exponiéndolas a sanciones internacionales bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. La base obrera exige una auditoría inmediata y la intervención de las autoridades laborales para poner fin al abuso de confianza.
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