CIUDAD DE MÉXICO, 22 de noviembre (AlmomentoMX).- La explotación sexual infantil no es un delito que se genere con el turismo, sino que los delincuentes se amparan en esta actividad que, por el contrario, puede ayudar a combatir esta problemática, aseguró el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero.
“No con el turismo vienen estos daños, se amparan en el turismo para hacer daños que esa es la diferencia, porque las personas que cometen estos delitos no son turistas, sino delincuentes”, reiteró.
Durante la inauguración de la X Reunión Presencial Grupo de Acción Regional de las Américas, el funcionario destacó que la explotación sexual infantil debe combatirse de manera conjunta con la sociedad y no dejarse toda la responsabilidad al Estado.
De la Madrid comentó que se debe entender el origen de la problemática que en muchas ocasiones proviene de la violencia o disfuncionalidad al interior de las familias, de un tejido social roto y es por eso que el turismo puede ayudar a combatir este delito.
“Tenemos la posibilidad de hacer la denuncia secreta, la denuncia anónima, se hacen cosas para que precisamente los protejamos… y ya a raíz de estos cursos y estas pláticas, esta concientización, ya hemos prevenido el delito”, apuntó el funcionario federal, quien añadió que no basta hacer leyes para detener este delito, sino que se apliquen.
Por su parte, la secretaria Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, Mercedes Peláez Ferrusca, dijo que este delito muestra un incremento en el país, lo que se refleja en un mayor número de denuncias.
Refirió que en 2016 se lograron rescatar alrededor de 300 niños, mientras que este año todavía no se tienen cifras.
“No es que el delito exista en la industria, hay personas que aprovechando la posibilidad de viajar a destinos turísticos en nuestro país u otros países abusan sexualmente de menores y hay personas que están dispuestas a poner niños a su alcance para abusarlos sexualmente. Esa es una realidad del continente”, dijo.
Luego de destacar que las sanciones por este delito van desde los cinco hasta 40 años de prisión, abundó que se debe reconocer que gran parte de este problema se genera porque es socialmente aceptado e incluso, en ocasiones, son los propios padres los que generan violencia y la explotación.
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