Roberto Vizcaíno
De todo aquello que se planteaba hace no menos de un año -recortar al menos el 50% el gasto electoral a través de disminuir el financiamiento a INE y partidos; la desaparición de senadores y diputados pluris; fin a nepotismo; absorción de INE para dejarlo en apenas un Consejo Electoral de los 80 operado desde Gobernación- no quedó nada.
Todo lo ideado y proyectado por Andrés Manuel López Obrador desde 2022 cuando lanzó su Plan A, y heredado a Claudia Sheinbaum para destruir al régimen de partidos y la endeble e imperfecta democracia alcanzada en México desde el rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y su grupo con el PRI a fines de los 80, se fue al caño no una ni dos o tres veces, sino cuatro.
El quinto intento, llamado por segunda ocasión como “Plan B”, se circunscribe ahora a alcanzar algunos recortes salariales en alcaldías y congresos locales y a evitar duplicidades entre Oples (organismos estatales electorales) e INE.
En la búsqueda de al menos amarrar un exiguo acuerdo que logre garantizar los votos suficientes para sacar adelante una mini-reforma constitucional con sus aliados del PT y Verde, la secretaria de Gobernación Rosa Iceala Rodríguez y la directora del Jurídico de la presidencia, Esthela Damian dejaron intocado el tema de la desaparición o disminución de los senadores y diputados pluris y de los montos del financiamiento a partidos.
Un gatopardazo (hacer cambios para que todo siga igual) de mesa de negociación de 17 horas en Bucareli para salir a tomarse una foto, todos sonrientes y agarraditos con las manos al cielo.
El grupo adicional de esa negociación, ubicado para la foto de izquierda a derecha lo formaron Israel Rosell, de PT; Manuel Velasco de PV; Ignacio, Mier, Morena; Karen Castrejón Verde; Luisa María Alcalde, líder de Morena; Alberto Anaya, dueño del PT; Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Diputados; Carlos Puente PV y Reginaldo Sandoval, de Verde y PT en San Lázaro. En esa imagen faltaron las negociadoras estrella: Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián.
Los ganadores absolutos fueron sin embargo solo 6 de apenas 2 partidos en esa imagen final: Manuel Velasco, Carlos Puente y Karen Castrejón del PVE y Alberto Anaya, Reginaldo Sandoval e Israel Rosey Bermúdez del PT.
Ellos concluyeron con un acuerdo que al final les deja intocados sus ingresos (que en 2026 son: 832 millones para Verde y 670 millones para PT), y su acceso, integración y alcance de pluris en Senado y San Lázaro.
Eso les garantiza a todos ellos seguir en las legislaturas siguientes estar presente en esos parlamentos como lo han estado en los últimos 20 años.
Y al parejo de esos beneficios políticos y económicos alcanzados por ellos, el resto de la sociedad mexicana les agradece haber rechazado la Reforma Electoral A de Sheinbaum y de no haber cedido ahora en el Plan B más allá de lo que la 4T y AMLO querían imponerles y que hubiera sido terminar finalmente con la democracia mexicana.
Estos dirigentes del PT y el Verde son la muestra viva de que los beneficios finales a veces llegan por caminos distintos en la vida de las sociedades, y que ahora muchos millones de mexicanos les agradecemos que, aunque no fueron por motivos democráticos, sino por dinero y el simple y llano acceso al poder político, los del PT y Verde no hayan permitido la instauración final del Estado Autoritario, Autocrático, con Partido Único.
Que todo haya quedado en el viejo uso del gatopardismo, ese concepto político que describe la estrategia de cambiar cosas superficialmente para que las estructuras de poder fundamentales sigan igual.
Es decir, un INE vapuleado, colonizado y asediado, pero con su estructura actual. Y que además siga el sistema vigente de partidos y se mantengan los senadores y diputados pluris, esenciales en la representación legislativa de las minorías en el país.
QUEDARON ATRÁS
En esta última negociación finalmente quedó atrás el decálogo electoral de la presidenta Sheinbaum que planteaba: una draconiana reducción del gasto electoral con que se buscaba ahogar a opositores y darle curso al partido único (Morena); se iba a imponer una mayor fiscalización a esos gastos; impulsar el voto en el extranjero; reducir tiempos de radio y televisión en tiempos electorales; restringir el uso de la Inteligencia artificial; cancelar el Prep; eliminar el nepotismo, y cancelar la reelección de senadores y diputados y alcaldes.
Y se sepultaron las reformas electorales de AMLO que buscaron recortar a la mitad el financiamiento público a partidos y organismos electorales; disminuir el acceso a radio y TV; establecer la elección de consejeros y unificar instituciones electorales en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; igual establecer elección de magistrados y reducir su número a solo 6 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; desaparecer senadores y diputaciones pluris; abrir el acceso al voto Electrónico gradual; y recorte de personal y legisladores en Congresos Locales, Ayuntamientos y Alcaldías.
Hoy con el Plan B negociado de Sheinbaum, todo quedará en un recorte a salarios y presupuestos en Congresos estatales y en ayuntamientos.
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