viernes, marzo 21, 2025

TRAS LA PUERTA DEL PODER: El Fiscal Gertz abre a medios y madres buscadoras el narcorrancho de Teuchitlán

Roberto Vizcaíno

La sombra de los 43 de Ayotzinapa, y sus errores gubernamentales y mediáticos, gravitan sobre el fiscal Alejandro Gertz Manero quien -a diferencia en su tiempo de Jesús Murillo Karam– no sólo dio un informe que no eludió el fondo del narcorrancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ni la posibilidad de que hubiera habido ahí un exterminio vía incineraciones.

Ayer encabezó un recorrido por el predio que, para los ojos inexpertos de la caravana de periodistas, no dejó más información que la que les sugirieron.

Y las madres buscadoras se sintieron finalmente incluidas y tomadas en cuenta.

Vendrán ahora los grupos de expertos y fogueados analistas, y criminólogos nacionales y de organismos internacionales que deberán confirmar o matizar la percepción pública nacional e internacional de que ahí se ejecutaron y cremaron a centenares de jóvenes a quienes se secuestro o atrajo para ser capacitados como sicarios del narco.

Gertz ha mostrado que sabe que este caso lo puede hundir en el descredito en el ocaso y salida de su vida si es que no lo maneja abiertamente, y con él arrastrar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a un destino de ignominia como le pasó a Enrique Peña Nieto con lo de Iguala.

Pero sobre todo, insisto, pesa en Gertz el ejemplo de Murillo Karam.

¿COMISIÓN DE A VERDAD?

En este contexto, luego de la experiencia del caso de los 43 de Ayotzinapa, que se fue enredando en una disputa entre poderes, sociedad y medios, e incluso organismos internacionales, varios sectores y dirigentes políticos, sociales y empresariales; diputados y senadores de oposición comenzaron ayer a exigir la creación de una Comisión de la Verdad para seguir en caso del narcorrancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

Uno de los más vehementes fue el senador y exdirigente nacional del PAN, el michoacano Marko Cortes quien dijo que esta Comisión debiera ser “una Comisión de la Verdad que dé certeza y confianza en los resultados de las investigaciones en las que participen madres buscadoras, sus colectivos y organismos internacionales (como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de la ONU) así como representantes de universidades y observadores.

“Que se integre un comité de expertos para investigar de forma independiente el caso Teuchitlán, es decir, un grupo internacional como el que intervino en la investigación del caso Ayotzinapa para que investiguen e informen al pueblo de México para que este caso no quede impune y también para dar tranquilidad a las familias que hoy siguen sin encontrar a sus hijos”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno dijo que se requiere no sólo esa Comisión, sino la destitución del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por sugerir que las madres buscadoras podrían estar simulando al presentar 400 pares de zapatos de posibles víctimas de exterminio para montar una campaña de difamación y de calumnias contra el gobierno de Morena.

“No nos representa, es una vergüenza para el Senado de la República”, enfatizó.

A su vez el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio hijo, afirmó que en vez de andar defendiendo gobiernos, las autoridades deberían hacer justicia a las víctimas de Teuchitlán.

“Lo único que ha pasado es que tenemos a distintas autoridades apuntándose con el dedo unos a otros, pasándose a la abuelita sin asumir sus culpas cuando todas tienen responsabilidad.

“Hablemos de los responsables hijos de puta que están detrás de todas estas atrocidades (las ejecuciones y desapariciones): la fiscalía del Estado de Jalisco, y la propia Fiscalía General de la República. Todos están quedando mal aquí al hacer esta guerra de culpas”, subrayó inocultablemente indignado.

FALLOS DE SEHINBAUM

En su mañanera del lunes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un muy completo proyecto para atender la crisis de desaparecidos, que incluirían una decena de iniciativas para reforzar organismos de atención a desapariciones.

Pero casi de inmediato, representantes de unas 158 asociaciones y colectivos de búsqueda cuestionaron sus propuestas. Indicaron que muchas de las propuestas de Sheinbaum ya existen pero no operan, han sido anuladas o se les ha recortado el presupuesto al grado de hacerlas inútiles. Y acusaron de todo ello al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al cuestionarla le recordaron que ella, como su antecesor, nunca ha tomado en cuenta a las madres buscadoras.

Y señalaron 5 errores de sus propuestas:

El primero de todos, dejar fuera a madres buscadoras y familia que son las que conocen a fondo las limitaciones institucionales.

Ella dice creará una base nacional única de información forense pero le informan que en 2023 ya se ordenó a la Fiscalía General de la República crear el banco forense y no lo ha hecho.

Igual propone una plataforma nacional de identificación humana que ya está en la ley desde 2022 sin que exista tampoco un sistema homologado entre fiscalías para compartir información en tiempo real.

Sheinbaum, dicen, promete fortalecer el Centro nacional de identificación humana, pero en febrero de 2024 el Gobierno de López Obrador desmanteló ese centro de identificación.

La presidenta propone nuevos protocolos para una alerta de búsqueda inmediata de personas, pero eso ya existe desde 2020 en el protocolo homologado de búsqueda.

Y finalmente la presidenta plantea equiparar el delito de desaparición al de secuestro pero los colectivos dicen que eso es un error porque el delito de desaparición debe ser independiente.

Frente a estos reclamos la presidenta Sheinbaum decidió ayer posponer sus propuestas para que sus iniciativas sean revisadas este fin de semana y sean enviadas al Senado o la Cámara de Diputados hasta el lunes.

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Infonavit presenta 28 denuncias penales por corrupción y despojo de más de 200 mil viviendas

Recientemente, el instituto presentó 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y prepara 3,380 carpetas de investigación contra desarrolladores, constructoras, notarios públicos, exfuncionarios y coyotes involucrados en actos de corrupción y conflictos de intereses, según informó La Jornada.

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