Roberto Vizcaíno
La contienda política y electoral entre las fuerzas políticas predominantes (Morena, PT, Verde, PAN, PRI y MC), dejaron de lado ayer sus confrontaciones para exigirle a los titulares de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional operativos conjuntos permanentes para incrementar la seguridad y reducir tanto los atracos como los accidentes en toda la Carretera Federal México 57.
Senadores y diputados de todas las fracciones y sus líderes parlamentarios coincidieron en un exhorto conjunto desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para advertirles a todos esos titulares que las condiciones de inseguridad y de falta de mantenimiento de ese importante cruce carretero afectan no sólo a importantes inversiones nacionales e internacionales sino a grandes sectores de la población de viven en el centro de México.
Los legisladores indicaron que esa carretera, con una longitud de más de mil 295 kilómetros que atraviesan las entidades de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México, representa uno de los principales corredores industriales, comerciales y turísticos del país.
Hoy mismo todo ese eje carretero, indicaron, enfrenta un estado crítico derivado de la falta de mantenimiento, altos índices de inseguridad, accidentes viales recurrentes y ausencia de mecanismos eficientes de coordinación institucional para su atención.
El abandono en que se le tiene, se indicó, voila no solo derechos humanos sino normativas de movilidad segura, establecidas en el artículo cuarto constitucional -a raíz de la reforma publicada el 18 de diciembre de 2020-, y en la expedición de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo objetivo es reducir muertes y lesiones graves por siniestros viales.
En este contexto, se afirma, pese al reconocimiento normativo de este derecho, las condiciones de la Carretera Federal México 57 son actualmente inadecuadas tanto en materia de seguridad como de infraestructura.
Informaciones de la Guardia Nacional, dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, dijeron, destaca que durante el 2024 se registraron 428 accidentes en esta vía, resultando en 76 fallecimientos y 52 personas lesionadas, siendo los tramos más letales Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Matehuala y Matehuala-Saltillo.
Llas principales causas identificadas, se indicó, fueron imprudencia del conductor (36 casos), falta de distancia adecuada (11 casos), maniobras indebidas (8 casos) y exceso de velocidad (5 casos). Los horarios de mayor incidencia se registraron entre las 6 y 8 de la mañana, coincidiendo con el inicio de la jornada laboral y el aumento del tránsito pesado.
La solución, dijeron, requiere de ampliar recursos necesarios para agilizar el mantenimiento y rehabilitación de la carretera, y difundir públicamente un programa de obras coordinado con las entidades federativas por las que cruza la vía, a fin de garantizar el derecho a la movilidad segura y la información oportuna para los usuarios.
PROLIFERAN MOTOS ELECTRICAS DE GRAN RIESGO
Dentro de estos reclamos senadores y diputados de todas las fracciones igual se sumaron un exhortó en el conteto de la Comisión Permanente para que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes establezca medidas adicionales de seguridad vial específicas para la protección de niñas, niños y adolescentes que son transportados en motocicletas eléctricas y de otro cilindraje.
El llamado destaca que, en la última década, el parque vehicular de motocicletas en México ha crecido más de 200 por ciento, al pasar de 2.5 millones de unidades en 2012 a seis millones en 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esto debido a factores como el bajo costo de adquisición, mantenimiento y combustible, así como por su mayor maniobrabilidad en zonas urbanas densas.
Los senadores y diputados señalaron que la expansión acelerada del uso de motocicletas ha traído consigo un incremento en la “siniestralidad vial”, lo que afecta particularmente a usuarios vulnerables, entre ellos, menores de edad que son transportados en dichos vehículos, pese a que las motocicletas están involucradas en aproximadamente el 20 por ciento de los accidentes viales con víctimas, y a que sus conductores tienen 12 veces más probabilidades de morir que los automovilistas.
Subrayaron además que las motocicletas representan sólo el ocho por ciento del parque vehicular, y que, en 2022, el país registró más de 377 mil accidentes de tránsito, con un saldo de más de cinco mil personas fallecidas y 91 mil lesionadas, cifras que reflejan la magnitud del problema; tan sólo en la Ciudad de México, durante 2024 se contabilizaron 232 decesos de motociclistas y más de 15 mil personas lesionadas en siniestros viales.
Por ello estimaron que cuatro de cada diez muertes de peatones en la capital estuvieron relacionadas con motocicletas.
De ahí que se debe hacer hincapié en que el uso de motocicletas como medio de transporte escolar familiar es una práctica cada vez más común, especialmente en zonas urbanas marginadas y rurales, donde muchas familias carecen de otro medio de movilidad.
Los legisladores alertaron sobre la urgente necesidad de establecer criterios normativos homogéneos entre los distintos órdenes de gobierno, relativos a límites de edad, equipo de seguridad obligatorio, número de pasajeros y vías permitidas para circular.
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