TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, 19 de agosto (AlmomentoMX).- Este lunes comienza en el Penal de Barrientos la audiencia contra dos acusados por el asesinato de una regidora de Atizapán de Zaragoza ocurrido en 2001, en el caso considerado el más largo de prisión preventiva sin sentencia registrado en el país.
El juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Felipe Landeros Herrera, decidirá si deja sin efecto las medidas cautelares que tienen en prisión desde hace más de 17 años a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, acusados por el homicidio de María de los Ángeles Tamez Pérez.
El impartidor de justicia revisará el caso de esos dos hombres que han sido considerados presos políticos, toda vez que en su proceso no habido sentencia sobre su culpabilidad y se han vulnerado sus derechos humanos.
García Rodríguez y Alpízar Ortiz se encuentran detenidos en el penal de Barrientos, por lo que su caso será revisado tras más de 17 años en prisión.
El juez analizará en la audiencia el cambio de medida cautelar, para que ambas personas pudieran seguir su proceso legal en libertad.
El colectivo Pena sin Culpa, que litiga el caso, advirtió que fueron sujetos a detención arbitraria y tortura, además de que se les violó el debido proceso y tampoco han sido juzgados en un tiempo razonable y llevan un tiempo excesivo en prisión preventiva.
García Rodríguez y Reyes Alpízar fueron acusados del homicidio de la regidora de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, María de los Ángeles Tamez, de 27 años de edad, ocurrido el 5 de septiembre de 2001.
Pena Sin Culpa sostiene que ante las condiciones del juicio, los acusados podrían ser sujetos de prisión condicional, con brazalete o en arraigo domiciliario.
Los defensores y el colectivo Pena Sin Culpa han sostenido que ambos son presos políticos víctimas de un caso fincado con fabricación de pruebas a base de torturas y toda una trama.
Los organismos que han demandado justicia e inmediata libertad de los prisioneros son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (ONU), la Oficina de México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
También el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en su 66 periodo de sesiones (CAT) y la Oficina de México de Amnistía Internacional.
Para estos órganos este caso es excepcional e inédito, considerando que existen graves violaciones a sus derechos humanos.
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