● Comunidades de Coahuila, Chiapas y Oaxaca denunciaron asimetrías de información y fraudes contractuales cometidos por intermediarios en proyectos eólicos y solares.
CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes del Poder Legislativo, de la sociedad civil y de comunidades rurales analizaron la integración de los núcleos agrarios en la transición energética del país durante el foro “Voces del Territorio. Raíces y futuro de la energía renovable en México”, celebrado en el Senado de la República. El encuentro evidenció que la viabilidad de los proyectos de generación de electricidad a partir de fuentes limpias depende del reconocimiento de los derechos territoriales, la transparencia contractual y el beneficio económico directo para los habitantes de los ejidos y el campo mexicano.
El director de Entorno a Ti, Edgar Moreno, señaló la importancia de la participación comunitaria al declarar que “para nosotros, el desarrollo de las energías renovables no se entiende ni puede ser sostenible si no va acompañado también de beneficios económicos para las comunidades, si no ayudan a dignificar la vida en las comunidades agrarias, en los ejidos, en el campo mexicano”.
Asimismo, puntualizó sobre la integración de los habitantes en las políticas públicas al manifestar que “lo que queremos es empezar a cerrar esa brecha, que se empiece a reconocer que las comunidades agrarias son y deben ser actores estratégicos de la política energética nacional”.
Respecto al contexto demográfico, Edgar Moreno expuso que la población rural disminuyó del 55% en la década de los años 50 al 18% en el año 2020, y las proyecciones indican que para el año 2040 solo el 13% de los habitantes del país residirá en zonas rurales. Esta reducción poblacional se vincula a la falta de opciones económicas para las generaciones jóvenes en el sector agrícola, quienes optan por migrar hacia los centros urbanos.
La problemática actual del sector radica en las asimetrías de información, la presencia de intermediarios y los vacíos de gobernanza institucional en el campo. Benito Viña, Comisariado del Ejido Humanidad, denunció la falta de certeza jurídica provocada por intermediarios que acuden a las comunidades apartadas promoviendo proyectos de energía solar, señalando que “llegan varias empresas que en realidad son intermediarios; platican, nos dejan en ascuas y ya no regresan. Como comunidad alejada de la cabecera municipal, estamos muy interesados en que una empresa seria se instale directamente para generar empleos y derrama económica, pero exigimos tratos directos y honestos”.
Por su parte, Omar Vecina Martínez, representante del Ejido 4 de Marzo, advirtió sobre las implicaciones de los contratos a largo plazo al manifestar que “muchas empresas o intermediarios vienen disfrazados de apoyo. Hemos visto casos donde, tras firmar contratos a 10 años, las empresas se deslindan por completo de los daños ambientales imprevistos, dejando la responsabilidad legal y económica en manos del ejido. Tenemos miedo de un mal trato, por lo que la asesoría técnica y legal es vital para defender nuestro bien común”.
Ana Patricia Ortiz, integrante de la Organización Civil Semilla, expuso que los intermediarios acaparan la tierra para revender los derechos, mientras los ejidatarios reciben sumas que afectan sus actividades tradicionales de recolección forestal. Añadió que existen cláusulas donde les prometen pagar por volumen de producción, pero les prohíben la entrada al parque para verificar lo producido.
En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, Norma Chambo, Defensora Comunitaria, expuso que las corporaciones suelen pasar por alto los sistemas normativos internos de las comunidades y declaró que “piensan que somos ignorantes, pero conocemos nuestras normas; el problema es que las leyes externas no dialogan con nuestra cultura.
Exigimos que se garantice el derecho a la consulta informada y la presencia de intérpretes en nuestras lenguas maternas. No podemos permitir que proyectos impuestos conviertan a los habitantes en criminales por intentar ingresar a sus propias tierras ancestrales”.
Entre las metas vigentes de la actual administración se encuentra elevar la generación de energías renovables del 24% al 38% hacia el año 2030, mediante la combinación de infraestructura pública de la Comisión Federal de Electricidad e inversión privada, además de la transición tecnológica en plantas específicas.
Los retos del proceso implican superar las barreras normativas y de infraestructura para permitir modelos de energía comunitaria. Alejandra, Representante de Organización Social de Acompañamiento Energético, expuso el caso de Ixtepec, Oaxaca, donde se diseñó un modelo de gobernanza que destinaba el 50% de las utilidades a un fondo social y el 50% a reinversión.
Al respecto, manifestó que “el proyecto era técnica y financieramente viable, con inversionistas sociales listos desde 2009, pero fue sistemáticamente bloqueado por la Comisión Federal de Electricidad y las administraciones pasadas mediante convocatorias y subastas diseñadas exclusivamente para favorecer a multinacionales, saturando la capacidad de transmisión de la red pública”.
El foro concluyó que la legitimidad de la transición energética requiere modificar las reglas de participación para que las comunidades dejen de ser vistas como simples arrendatarias y se conviertan en socias plenas de su propio desarrollo.
AM.MX/fm
