Un grupo de trabajadores disidentes del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) ha presentado una impugnación formal ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) para solicitar la nulidad del proceso electoral de abril pasado, en el cual Alejandro Martínez Araiza se reeligió como secretario general. La demanda, sustentada en el expediente 10/02788, detalla al menos 11 irregularidades graves que, según los inconformes, viciaron de origen el proceso y violaron los principios de democracia y libertad sindical.
La elección, calificada por los agremiados como un “fraude planeado“, se llevó a cabo siete meses antes de lo estipulado por los estatutos, contó con una planilla única encabezada por Martínez Araiza y registró una participación de apenas el 11% de los 17,000 trabajadores del gremio. Estas acciones, denuncian, tuvieron el único fin de perpetuar un control caciquil que ha caracterizado al sindicato por décadas, impidiendo una contienda real y transparente.
Dentro de las causales de nulidad presentadas ante la autoridad que dirige Alfredo Domínguez Marrufo, destacan la utilización de un padrón electoral no verificado e inválido, la exclusión deliberada de centros de trabajo y de miles de trabajadores con derecho a voto, y la ausencia total de inspectores del CFCRL que dieran fe y legalidad al proceso. Asimismo, se acusa la falta de notificación generalizada a los afiliados, impidiéndoles ejercer su derecho al voto personal, libre, directo y secreto, consagrado en el artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo.
El documento de impugnación subraya que estas omisiones no son errores menores, sino violaciones sustanciales que atentan contra la libertad sindical protegida por convenios internacionales de la OIT, ratificados por México. Los trabajadores argumentan que al no ser convocados, se les privó del derecho fundamental de votar y ser votados, imponiéndoles representantes que carecen de legitimidad democrática.
Ante este cúmulo de evidencias, el clamor de los sindicalizados pone al CFCRL en una posición decisiva. La expectativa es que la autoridad laboral actúe en consecuencia, revise a fondo las pruebas presentadas y proceda a declarar la nulidad de la elección. La intervención del Centro es vista como indispensable para restaurar la legalidad, ordenar la reposición del proceso con garantías de equidad y sentar un precedente claro de que la simulación y el fraude no tienen cabida en el nuevo modelo de justicia laboral del país.
