Por José Cruz Delgado
MORELIA, MICHOACÁN.- La Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario exige una política real de salud mental ante la escalada de violencia en entornos escolares, ello tras los hechos violentos en la preparatoria privada “Anton Makarenko” de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dónde un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras con un rifle AR-15. El organismo señala que llevan años advirtiendo de la incapacidad y omisión de las autoridades: esto era previsible, y la inacción tiene responsables.
Dijo que han insistido hasta el cansancio —en foros, en medios, en propuestas técnicas que nadie escucha— que México necesita con urgencia una política pública de salud mental seria, estructurada, con presupuesto y con profesionales capacitados al frente, y sin embargo, lo que han obtenido es improvisación, funcionarios sin perfil ni formación en el área, y programas que confunden.
Los hechos registrados en el estado, advierte, no son un accidente, son la consecuencia directa de años de negligencia institucional frente a las señales de alerta que los jóvenes emiten y que nadie atiende. Un adolescente en crisis, en un entorno escolar sin contención emocional, sin protocolos de detección temprana, sin redes de apoyo psicológico reales, es una bomba de tiempo que el Estado mexicano y de Michoacán ha decidido ignorar.
Las estrategias implementadas hasta hoy han demostrado ser insuficientes. Colocar en puestos clave a personas sin conocimiento en salud mental no solo es irresponsable: es peligroso. La salud mental no se atiende con buenas intenciones, compadrazgos ni con acciones cosméticas. Se atiende con política pública, con inversión, con psicólogos clínicos, con trabajo comunitario serio y con voluntad política real.
La Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario exige la creación de una política local y nacional de salud mental escolar con enfoque clínico y comunitario, que incluya diagnósticos reales, detección temprana, atención individual y grupal en planteles educativos, que los cargos relacionados con salud mental en instituciones públicas sean ocupados por profesionales con formación acreditada en el área, con concursos de oposición y no por dedazo de los que dicen gobiernan.
Además, presupuesto específico y etiquetado para programas de salud mental en el sistema educativo público y privado y un
protocolo de intervención en crisis aplicable en todos los niveles escolares del país.
La muerte de las maestras, dice, no puede quedar solo como una nota de ocho columnas que se olvida en tres días, sino ser el punto de quiebre que obligue a las autoridades a actuar, con la presión que la comunidad educativa y docente tiene que emplear.
Si esto sigue sin atenderse, seguirá ocurriendo. Y la responsabilidad será, una vez más, de quienes pudieron hacer algo y eligieron no hacerlo.
AM.MX/fm
