José Antonio Aspiros Villagómez
El presidente mexicano Adolfo López Mateos implantó durante su mandato (1958-1964) los libros de texto únicos, obligatorios y gratuitos para la educación primaria en todo el país, que fueron propuestos por el entonces secretario de Educación, Jaime Torres Bodet. Desde 1960 han sido entregados a los estudiantes más de siete mil millones de ejemplares, que en la actualidad ya son también para otros niveles escolares.
En sus orígenes estos libros fueron criticados por la oposición política y por los padres de familia de escuelas particulares; hubo en Monterrey quienes los llamaron “libros comunistas”, porque no hablaban de la propiedad privada. También la industria editorial se inconformó al no ser invitada al negocio de la producción (sino hasta mucho después).
Durante las seis décadas transcurridas han tenido lugar otros cuestionamientos y en la actualidad se vive uno más, ahora porque convocaron a ilustradores para que aporten contenidos gráficos para las nuevas ediciones, pero no les van a pagar.
Entre las controversias surgidas puede citarse la de finales del sexenio de Carlos Salinas (su secretario de Educación era Ernesto Zedillo), cuando los libros de Historia fueron retirados porque mencionaban la participación del Ejército en la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, y además desconocían a protagonistas -supuestos o reales, pero ya arraigados- como los Niños Héroes de Chapultepec y El Pípila, y aparte revaloraban a Porfirio Díaz. (En cambio, en 2005 hubo inconformidades porque no se aludía a lo de Tlatelolco, ni a la matanza de estudiantes el 10 de junio de 1971).
En 2009, durante la presidencia de Felipe Calderón y con Alonso Lujambio como secretario de Educación, hubo otro reclamo al que dio amplia cobertura El Universal, porque los libros de primaria habían suprimido los temas de la Conquista y la Colonia, que en cambio sí estaban en los de secundaria.
Diputados de varios partidos participaron entonces en el debate a favor o en contra, pero esa vez los libros sí fueron distribuidos y fue defendido su contenido tanto por Lujambio (sólo reconoció “pequeñas fallas”) como por el yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, el subsecretario de Educación Básica Fernando González Sánchez, para quien la omisión no constituía un error.
De algunas faltas ortográficas encontradas en los libros gratuitos, el secretario dijo en 2010 que eso no afectaba a nadie, pero ofreció disculpas, según reportó desde Pachuca la corresponsal de W Radio, Adriana Herrerías.
Un episodio lamentable tuvo lugar también en 2009, cuando en la ciudad de León hubo protestas y quema de libros luego que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenara retirar los textos de Biología para secundaria editados por la Secretaría de Educación de Guanajuato y se usaran en su lugar los oficiales para todo el país. Había en las respectivas ediciones, radicales diferencias de enfoque sobre cómo se debería impartir a los adolescentes la educación sexual.
Y uno más, del que nos enteramos a través de La Jornada: en el libro de Historia de 2009 para sexto año, apareció con alteraciones y sin crédito la obra ‘El paso de Bering’, del artista plástico Iker Larrauri, quien protestó por ello y la respuesta de la SEP fue no proponer ninguna acción conciliatoria -dijo el abogado del quejoso- pues “no les interesaba llegar a un acuerdo porque no pudieron cerciorarse de que Larrauri fuera el autor de la obra”, misma que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología y millones de visitantes sí han visto quién la pintó.
Llegamos a 2013. Un gobierno emanado del PRI (Enrique Peña Nieto) editó y distribuyó los libros preparados para ese año por sus antecesores del PAN (Felipe Calderón) y tuvo que hacer frente a la ruidosa queja -hasta por parte de la Comisión Permanente del Congreso- de que los libros de texto contenían 117 errores de ortografía y sintaxis, fallas en los pies de foto y hasta en datos científicos.
Emilio Chuayffet, titular de la SEP, lamentó el caso pero repartió los libros (también una fe de erratas), y el director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Joaquín Díez-Canedo, minimizó el problema. Se llegó al extremo de establecer un convenio de la SEP con la Academia Mexicana de la Lengua (AML) para evitar fallas en lo sucesivo, y entonces explotó la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición (PEAC).
El presidente de la AML, Jaime Labastida Ochoa, había dicho que merced al acuerdo esa institución revisaría el uso correcto de las normas gramaticales, ortográficas, de sintaxis y del léxico en los materiales educativos, y haría sugerencias para elevar los índices de lectura y de la buena escritura en el país.
En un comunicado, PEAC consideró al respecto que “todo (eso) sería una buena noticia, de no ser porque la AML asume funciones que no le corresponden ya que ése es un trabajo específico de los profesionales de la corrección”, y exigió “que esa tarea de corregir quede a cargo de los correctores de estilo, quienes en su mayoría están capacitados para ello”.
Así llegamos a 2021. La SEP convocó a artistas, artesanos, ilustradores, diseñadores gráficos, escultores, fotógrafos, grafiteros, artistas urbanos, pintores, coreógrafos, creadores de infografías, dibujantes y escenógrafos, para que participaran -y cedieran sus derechos- en la edición 2021-2022 de los textos para primaria, a cambio de una constancia curricular y un ejemplar del libro. Nada de pagarles.
Desde luego la invitación fue considerada ofensiva y rechazada por los posibles interesados y, una vez más, surgió la protesta de PEAC -encabezada por la maestra Ana Lilia Arias- en apoyo a los artistas: “Renovar los libros de texto gratuitos con generosidad, no tiene por que disociarse de una retribución económica justa y bien reglamentada por las leyes que regulan la operación de los programas públicos; aún en época electoral”, dice el posicionamiento, pues según los convocantes el pago “podría malinterpretarse en medio de un periodo electoral”.
Pero la SEP ignoró a los profesionales inconformes y trabajó con otros, y este 7 de abril anunció que mil 882 personas habían creado en cinco días los contenidos, sin detallar cuántos correspondían a obra gráfica y cuántos a los textos, ya que también hubo una convocatoria para eso, igual, sin pagarles. Qué peligroso. Si cuando hacían esos materiales los expertos hubo tantos problemas como los mencionados en este repaso, no imaginamos qué clase de libros van a recibir los alumnos el próximo año escolar.
