Miguel Tirado Rasso
Trinquete. Engaño para obtener
alguna cosa ilícita. Larousse
Si en el affaire bajacaliforniano predomina el respeto al estado de derecho sobre el agandalle político, lo que pudiera suceder, si es cierto, como tanto se afirma, que este gobierno no es como los de antes, y se impone la sensatez y la prudencia políticas, podríamos aventurar que Jaime Bonilla, el gobernador electo, se equivocó al buscar la candidatura de Morena para gobernar su estado, a sabiendas de que el período para el que sería elegido era de sólo dos años.
Bonilla pudo haber hecho lo que algunos personajes hicieron, en otros casos similares, dejar pasar la oportunidad del momento para intentar una candidatura al gobierno con período regular de seis años. A fin de cuentas, la próxima elección se realizaría todavía en los tiempos de la 4T, lo que le daría cierta tranquilidad de que el apoyo continuaría y no habría tenido que llegar al extremo de violentar la ley, con el riesgo de que los tribunales apliquen la ley y desechen su reforma por anticonstitucional.
Y es que, entrando en los terrenos de la especulación, cabría suponer que, confiado en su estrecha relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo había apoyado para ser senador, para luego designarlo súper delegado del Gobierno Federal en Baja California y, finalmente, candidato de Morena a la gubernatura de su estado, Jaime Bonilla supuso que tendría manos libres para operar una reforma a la constitución local que ampliara el período de su gobierno a cinco años, y que todo iría sobre ruedas.
Pero ante lo burdo de la maniobra, que, entre paréntesis, supera cualquier artimaña operada en los mejores tiempos del PRI arrollador, el caso se volvió un escándalo de mil interpretaciones, entre otras, una muy sensible y delicada, la de considerarlo como laboratorio para otros intentos de reforma constitucional, pero a nivel federal…
Porque no hay forma de encontrarle justificación a una reforma que ya, con anterioridad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había rechazado, pocos días antes de la elección de junio pasado, al revocar el fallo del Tribunal de Justicia Electoral del estado que pretendía que el período de gobierno fuera de seis años. El tribunal federal resolvió ratificando los dos años de duración del próximo gobierno, y bajo esos términos los candidatos a la gubernatura aceptaron participar en la contienda electoral.
Es evidente que la reforma aprobada por el congreso de Baja California viola el artículo 5 de la Constitución Federal que señala: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales.” Con lo que se busca asegurar que, al momento de iniciar el proceso electoral, los participantes conozcan las reglas fundamentales que lo regirán y puedan impugnarlas. Además, en este caso se estaría legislando con dedicatoria, pues la reforma en cuestión tiene un beneficiario directo y único que es el actual gobernador electo. Una reforma a modo y con efectos retroactivos, algo que no resulta ético y sí anticonstitucional.
Los autores de la reforma alegan que con ésta se evita “una carga a las finanzas públicas y al desarrollo económico del estado, pues las elecciones son muy costosas, afirman. Y claro, la democracia no es gratuita, hay que luchar por ella y tiene un costo. Por su parte, la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, tratando de defender lo indefendible, afirma que la extensión del período está justificada porque la quiere la mayoría de los ciudadanos del estado y porque los bajacalifornianos “ya están cansados de votar”. Un argumento insostenible y frívolo. Primero, porque no existe ningún antecedente de encuesta que fundamente esta afirmación y, segundo, porque de acuerdo a este razonamiento, en cualquier momento, un pueblo sabio y fatigado de los procesos electorales, podría mandar al diablo la ley y las instituciones electorales y optar por prolongar mandatos para evitar la “monserga” de tener que votar.
Por la importancia del tema, se le preguntó al Presidente su opinión sobre este caso y él prefirió no involucrarse señalando que estos son otros tiempos, que toca a otras autoridades resolver y que el Ejecutivo ya no da línea, con lo que el mandatario está desestimando el peso político de su opinión que, en este país, como en muchos otros, la palabra presidencial orienta, ubica y despeja dudas entre quienes suponen interpretar su voluntad. A menos de que no esté muy convencido de que se trata de una artimaña y comparta la opinión de su dirigente morenista.
