Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Las secuelas del reformismo electoral
de la 4T tendrán repercusión en la relación
entre el Ejecutivo y la SCJN, pues en el
seno del Poder Judicial habrá de resolverse
la procedencia o no de las iniciativas de Palacio.
Inició el segundo período de sesiones del Congreso y, con esto, continúa la madre de las batallas legislativas para modificar el marco jurídico electoral con propósitos ahorrativos, según reza la versión oficial, aunque los cambios de la reforma electoral rebasen por mucho este supuesto objetivo y sean más claros y contundentes en la intención de tener un control de los procesos electorales, debilitando a la autoridad de la materia.
Las circunstancias en que se da esta reforma, dan lugar a sospechosismo. Contra lo que históricamente registran las múltiples reformas electorales de nuestro país, cuya iniciativa siempre tuvo su origen en las fuerzas políticas de oposición, ahora es el gobierno quien propone hacer las modificaciones. Todas las reformas anteriores fueron resultado de debates y negociaciones entre todos los partidos políticos. En este caso, las propuestas de Palacio Nacional no se someten a debate alguno, pues la instrucción oficial es no modificarles ni una coma. El mayoriteo, es su vía de privilegio.
Con las reformas se busca mejorar los procedimientos, corregir lo que en la práctica no funciona bien y lograr la mayor eficiencia y eficacia en los procesos electorales. En sus poco más de 8 años de existencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha organizado, conducido y supervisado 330 elecciones de todo tipo, sin que se haya dado un conflicto postelectoral relevante, lo que demuestra que la autoridad funciona bien.
Con esta autoridad y bajo la normatividad de la legislación electoral vigente, Morena ganó la elección presidencial, concretándose la tercera alternancia pacífica del país en este milenio, sin que haya habido queja alguna. Además, el partido en el gobierno ha obtenido importantes triunfos electorales que le permiten contar, a la fecha, con una mayoría simple en ambas cámaras, Diputados y Senadores, y gobernar en 21 estados de la República.
Pero no obstante lo anterior, hace unos días el titular del Ejecutivo arremetió contra el INE, acusándolo de permitir la compra de votos, el relleno de urnas, la falsificación de actas y hasta de poner en riesgo los comicios de 2024. Imputaciones sin sustento, porque esas, eran prácticas del pasado, cuando las elecciones las controlaba el gobierno a través de la secretaría de Gobernación. A partir de que se le dio autonomía a la autoridad electoral, las mapacherías se acabaron. Al menos, no hay registro de denuncias de parte de ningún partido político, Morena incluido.
Los tiempos para promover la reforma electoral son también un tema. Generalmente el planteamiento de ajustes a la ley se hacía en la primera mitad del sexenio para aplicarse en las elecciones federales intermedias y no poner a prueba una nueva legislación en la elección presidencial, como se pretende ahora.
A Morena le interesa aplicar de inmediato una reforma elaborada y aprobada al vapor, no consensuada, que ha recibido críticas fundamentadas, que no mereció un proceso de consultas con especialistas, académicos o representantes de la sociedad civil, que no tomó en cuenta a la autoridad electoral, y que, sin duda, cambia radicalmente las reglas del juego electoral que garantizaban piso parejo para todos los contendientes.
Y es que, para asegurar la continuidad de la 4T, desde el poder se elaboró una reforma a modo, que permita a Morena sacar ventaja de su condición de partido en el gobierno. Al estilo del viejo PRI, de los años 70.
Porque no hay argumento que justifique la urgencia por reformar algo que ha demostrado que funciona, y funciona bien. Por supuesto que todo es perfectible, pero no le queda a la autoridad que falló en el intento de imponer una reforma constitucional sin debates ni argumentos, al no contar con los votos necesarios, hablar de un Plan B, como alternativa para encontrar un boquete que le permita alterar la Constitución a través de leyes secundarias. Algo que podría calificarse de artimaña.
De las seis leyes que contempla el Plan B, se aprobaron y publicaron la de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (DOF 27-12-2022), contra las que ya se han presentado algunas impugnaciones. Faltan de aprobarse, por el Senado, las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Las secuelas del reformismo electoral de la 4T tendrán repercusión en la relación entre el Ejecutivo y la SCJN, pues en el seno del Poder Judicial habrá de resolverse la procedencia o no de las iniciativas de Palacio. Como lo hemos comentado con anterioridad, el trato entre ambos poderes perecería estar entrando en una nueva etapa, diferente a la que existía con el anterior presidente del máximo tribunal de justicia. El ministro Arturo Zaldívar cuidaba más el aspecto político que la razón jurídica. La ministra presidente, Norma Lucía Peña, se muestra más apegada al respeto de la ley y del Derecho.
