Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Ahora, por primera vez en la historia
de las reformas electorales, el gobierno
propone una reforma, sin que constituya
una respuesta a demandas o propuestas
de la oposición.
Como parte final o casi, del Plan C del obradorato, concebido para desaparecer organismos autónomos y demoler al Poder Judicial, incluida la SCJN, instituciones que resultaban incómodas al estado de confort de la 4T, Morena pone en jaque, ahora, a nuestra democracia, ante la amenaza de una Reforma Electoral de oscuras intenciones. Quedaron eliminados los órganos autónomos e independientes que ejercían funciones específicas con autonomía constitucional, concebidos, precisamente, como contrapeso del poder político. Asimismo, se desmanteló al Poder Judicial, para sustituirlo con jueces, magistrados y ministros, elegidos por voto popular, ayudado, éste, por acordeones para “orientar” a los electores a emitir un voto dirigido y definido.
Ahora, por primera vez en la historia de las reformas electorales, el gobierno propone una reforma, sin que constituya una respuesta a demandas o propuestas de la oposición. La constante había sido que, ante la presión de los partidos de oposición que reclamaban apertura y oportunidades de participación política, en un sistema en el que el partido en el gobierno ocupaba todos o casi, los espacios en los congresos Federal y estatales y encabezaba la mayor parte de las gubernaturas del país, el gobierno abría el diálogo y el debate para trabajar sumados en una nueva legislación.
Así fue evolucionando el sistema electoral y nuestra democracia se fue fortaleciendo. De acuerdo con el Dr. Luis Carlos Ugalde, ex presidente del INE, el reformismo electoral en nuestro país buscó el pluralismo como meta principal, “además de otros objetivos que han ido cambiando con el tiempo: inclusión (notoriamente en las reformas de 1997, 1986 y 1990), certeza y transparencia (1990, 1993 y 1994), equidad (1993, 1996 y 2007), imparcialidad de la autoridad (1994 y1996) y legalidad (1986 y 1996).” Se trataba, dice el autor citado, de “romper el monopolio político y retórico del Estado posrevolucionario.”
Muy lejos de ese propósito, es el de la reforma de la 4T, porque quien va a organizar, analizar y elaborar las propuestas es el propio gobierno, a través de una Comisión del Ejecutivo, y hay una máxima que dice que ningún gobierno hace una reforma para perder el poder. El decreto de creación de La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, establece que, “la Comisión dependerá directamente de la persona Titular del Ejecutivo Federal, quien la presidirá…”(Art 3), pero en ninguno de sus apartados hace alusión a la participación de representantes de partidos políticos.
No es lo más ortodoxo que sea el propio gobierno quien defina, proponga y resuelva el contenido de la reforma que se enviará para aprobación de un Congreso, absolutamente controlado por el gobierno. El debate parlamentario, si es que se da, lo tiene ganado por las mayorías calificadas de sus bancadas. Esto, nos regresa 40 años atrás, por lo menos. A las épocas del carro completo del partidazo, cuando el PRI era imbatible por sus mayorías. Ahora Morena es la invencible, la aplanadora, también por sus mayorías parlamentarias.
Los seis miembros que integran la Comisión son funcionarios del gabinete presidencial y de la Oficina de la Presidencia. Así que en este concierto no hay quien vaya a desafinar y, como se ha sentenciado, los representantes de instituciones públicas o privadas que “pueden” ser invitados, tendrán voz, pero no voto. Esto recuerda lo ocurrido en los foros de la Reforma Judicial, a los que se invitó a representantes de la academia, de organizaciones empresariales, de colegios de abogados, a expertos, para que opinaran. Si bien, se les escuchó, no se les hizo caso, y la reforma del Ejecutivo se aprobó, sin modificarle ni una coma.
Elaborar una reforma electoral desde el poder tiene sus bemoles. Según se lee en los considerandos del decreto “Que no se trata solo de la estabilidad política. Antes la hubo, pero no había voto libre y abundaba la represión y la corrupción. Se trata de forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia…”
Habría que preguntar, entonces ¿cómo fue posible que se dieran las alternancias? ¿No se votó con libertad ni se respetaron los votos? En este milenio, en menos de 20 años se dieron tres alternancias, de manera pacífica. A pesar de un sistema e instituciones que, a los ojos del titular de la Comisión, Pablo Gómez, están agotadas, cooptadas por camarillas políticas y hasta con deformaciones autoritarias, por lo que propone cambiarlo todo.
Si todo está tan mal, ¿cómo entonces llegó Morena al poder, y cómo ha logrado sus triunfos electorales? No será que de lo que se trata es de buscar una vía para perpetuarse “legalmente” en el poder.
