Miguel Tirado Rasso
Qué va a pasar con la opinión que
emitan organizaciones sociales o,
la OEA misma, invitadas por el propio
gobierno como observadores de procesos electorales.
El ansia por deformar nuestra, ya de por sí, vapuleada Constitución, a través de reformas a modo para los propósitos y conveniencias de los gobiernos de la 4T, es lo más parecido a una serie de Netflix, de varias temporadas.
Desde su arribo al poder, hace ya 8 años, el gobierno morenista comenzó la labor de zapa para transformar nuestra Carta Magna en una Constitución permisiva a las ocurrencias y caprichos del “movimiento transformador.” Durante todo ese tiempo, nos han sorprendido, un año sí y otro también, con diversas de reformas impuestas sin análisis, debates ni discusión. Su mejor argumento, la fuerza de una cuestionada mayoría complaciente en el Congreso. Cambios a nuestra Ley Suprema para crear un orden jurídico en el que la 4T pueda hacer y deshacer, a voluntad, una gobernanza que le facilite su permanencia en el poder. Eso sí, dentro del marco legal que ellos mismos han diseñado.
Cada año, una nueva historia que concluye con una nueva reforma constitucional. Son las temporadas de una serie que podría llevar por título, “Desnaturalizando la Constitución”. El eje del guión son las reformas, cada una con su propia historia, los mismos protagonistas, pocos diálogos y un mismo final. Bajo la dirección de Palacio Nacional, a los actores no les es permitido cambiar ni una coma, y hay de aquél que se le ocurra improvisar. Su tarea es aprobar las reformas, como vengan, en el menor tiempo posible. Es la farsa legislativa.
En estas historias, los protagonistas son los legisladores de las bancadas de Morena en las Cámaras de Diputados y de Senadores. Los de la oposición participan como actores de reparto, casi como extras, pues, las más de las veces, ni hablar les permiten y, cuando lo hacen, suelen apagarles uel micrófono.
Estamos ahora en la octava temporada, con la historia de una reforma ideada con perversidad. La supuesta defensa de la soberanía, sería el título. Otra reforma a modo para ponerle más clavos a la permanencia en el poder de la 4T, esta vez, con el pretexto de defender nuestra soberanía ante una hipotética injerencia extranjera en nuestros procesos electorales.
“El contexto geopolítico actual y las experiencias recientes en la región de América Latina han evidenciado el riesgo creciente de que actores extranjeros intenten influir en los resultados de elecciones nacionales, desafiando la voluntad de la mayoría por vías extralegales …” señala la exposición de motivos de la iniciativa. Es la reforma al artículo 41 de la Constitución, que agrega una causal más, a las ya establecidas, para anular una elección federal o local. El texto actual dice:
Art 4I, frac Vl “…La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
- a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.
- b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley.
- c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.”
La nueva propuesta establece:
“d) Exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales.”
Una manzana envenenada, que podrá utilizar el partido oficial en casos de emergencia (derrota electoral). La vaguedad y, por lo tanto, las múltiples posibilidades de interpretación, la convierten en una causal de amplio espectro. Ni manera de acotar las palabras que descalifiquen a un candidato o a una elección. Cómo determinar lo que significa “intervención.” Un comentario, un editorial, un reportaje, una declaración, una opinión, formuladas fuera del país o, en el interior, hechas por un extranjero, si son críticas al poder ¿es intervencionismo?
Qué va a pasar con la opinión que emitan organizaciones sociales o, la OEA misma, invitadas por el propio gobierno como observadores de procesos electorales federales o locales. Tendrán que guardarse su opinión, so pena de ser considerados intervencionistas y se les expulse del país, en caso de no coincidir con el punto de vista del gobierno morenista.
Está visto que, a la 4T, en sus dos pisos, no le gustan las calificaciones, los comentarios ni las críticas provenientes del exterior, aunque se trate de organismos oficiales, acreditados, por aquello de “sus otros datos.”
Rechaza los análisis de las agencias calificadoras de riesgo. No acepta las observaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos, tampoco está de acuerdo con las evaluaciones de la UNESCO y la OCDE, desconoce los resultados de mediciones del Índice de Democracia (Democracy Index), que no favorecen a nuestro país.
Con esta desafortunada reforma constitucional, de ser aprobada, y no veo manera de que no lo sea, los de la 4T continúan en su tarea de desmantelamiento de nuestra frágil democracia.
