Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
En resumen, la anulación de la separación
de poderes, de nuestra democracia y
del Estado de Derecho se va a consumar
en una elección triplemente enigmática:
cómo votar, cómo contar los votos y
cómo creer los resultados.
A poco más de sólo dos semanas de que se ejecute la sentencia por la que desaparecerá, en su esencia, el principio de la separación de poderes de nuestro sistema de gobierno y se ponga en jaque mate al Estado de Derecho, con la devastación del Poder Judicial de la Federación y el achicamiento, en todo sentido, tamaño, funciones y peso jurídico, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe total perplejidad en el pueblo bueno y sabio al que, la 4T, le ha encomendado una tarea difícil de entender, sobre todo, si solo se lo ha explicado a medias.
El encargo constituye una responsabilidad nada menor, pues se trata de que los ciudadanos elijan con su voto, por primera vez en la historia del país, a quienes habrán de ocupar todos los cargos de juzgadores: jueces, magistrados y ministros. Esto, para que, según la propaganda oficial, la selección de los jueces y magistrados sea más transparente y democrática (aunque nadie, o casi, sepa quiénes son los candidatos y se acabe con la corrupción que, a los ojos de la 4T, actualmente tiene invadido a todo el sistema judicial.
Esto último, es quizás lo único que podría entender la población sobre los beneficios, que se dice, obtendrá por la emisión de su voto. No en balde, la idea de la corrupción se la han vendido como una verdad irrefutable, aunque sin mayores elementos que acrediten la afirmación ni haya la menor intención o preocupación por investigar.
Con la supuesta buena intención de mejorar nuestro sistema judicial, indiscutiblemente perfectible, en Palacio Nacional se encontró un buen pretexto para eliminar obstáculos y consolidar un poder absoluto en el que no caben las minorías. O, más bien, no cuentan. So pretexto de una corrupción total que, nunca se acreditó, y derivado de un profundo rencor, el ex presidente López Obrador promovió una reforma constitucional para acabar con el sistema de la separación de poderes, pilar de nuestra democracia, cuyo concepto supone ideas incómodas y molestas para el proyecto político autoritario de la Cuarta Transformación y de su segundo piso,
Porque hablar, en estos tiempos de dominio absoluto, o casi, del poder político del partido Morena, de órganos autónomos de gobierno distintos e independientes entre sí; de equilibrio de poderes, en donde cada uno de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, operen como contra peso, en donde cada uno de los poderes controle al otro y todos se controlen entre sí. En fin, de una separación de poderes cuyo objetivo es, precisamente, evitar el abuso de poder y garantizar la libertad política, resulta ilusorio. Por eso reformaron la Constitución, para no tener límites ni contrapesos que les impidan deshacer el país y sus instituciones (Hace algún tiempo, el autor de esta reforma, las mandó al diablo. Ahora, lo cumplió).
El próximo primero de junio, se llevará a cabo la jornada electoral del Poder Judicial. Un inédito proceso electoral que, de manera apresurada e irresponsable, aprobó la mayoría morenista, sin el menor análisis. La consecuencia, una elección con fallas, accidentada, confusa y engorrosa. Con misteriosos candidatos, para ocupar cargos desconocidos y desempeñar funciones inentendibles para la mayoría de votantes.
Para los propios protagonistas, su participación es complicada. Sin recursos y con grandes limitaciones para hacer campaña, les ha sido difícil hacer contacto con los electores. El organismo Observatorio Electoral Judicial ha señalado algunas críticas en el curso de las campañas como pocos canales de difusión, excesiva información para analizar, violaciones a las reglas por candidatos y emisión tardía de las reglas, a la que atribuye la principal causa de inequidad.
Abusando de su poder, los morenistas se han encargado de dar indicios de quiénes son los candidatos oficiales. Y es que en Palacio preocupa la falta de interés de los potenciales electores ante un proceso complicado en el fondo y en la forma. Para el caso de la elección federal, cada elector recibirá seis boletas que contienen 37 opciones. Esto significa que cada votante tendrá que tomar 222 decisiones.
El constitucionalista Diego Valdés hace números a partir de un cálculo de participación de 10 millones de electores: a cada ciudadano se le entregarán seis boletas con 37 opciones. Esto es, 60 millones de boletas por 37 decisiones nos llevan a 2,220 millones de decisiones que deberán revisar y contar reducidos grupos de escrutadores instalados en los 300 consejos electorales. Todo en un plazo limitado de 10 días, de acuerdo con la ley. Una titánica tarea que parece imposible. Por otro lado, el cómputo no lo harán ciudadanos, sino funcionarios del INE, a quienes habrá que creerles lo que ellos digan.
En resumen, la anulación de la separación de poderes, de nuestra democracia y del Estado de Derecho se va a concretar a través de una elección triplemente enigmática: cómo votar, cómo contar los votos, y cómo creer los resultados.
