Miguel Tirado Rasso
La calificación de verdad histórica,
llegó para quedarse y resultó, políticamente,
como anillo al dedo, para armar
un enjuiciamiento en contra del ex procurador.
Con una intención más allá de la investigación criminal que permitiera lograr nuevos indicios sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, tras cuatro años (2014-2018) de una investigación que nunca satisfizo a los familiares de las víctimas y que marcó negativamente al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, al incio de la actual administación, se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso (CVAJ) Ayotzinapa, “para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad y el paradero de los estudiantes desaparecidos”, se lee en una página de la CNDH.
La tragedia de Ayotzinapa pronto se politizó y esto complicó, aún más, la investigación y sus resultados. Un pésimo diagnóstico y una reacción tardía del Gobierno Federal, además de un manejo accidentado de la investigación, contribuyeron a que los familiares de las víctimas endosaran la culpa al gobierno y, de “fue el Estado” se pasó al crimen de Estado. Lo que implica la participación directa de las autoridades en la comisión de los delitos cometidos, secuestro, desaparición forzada y homicidio, lo que no es del todo exacto.
La semana pasada, a unas semanas de cumplirse el octavo aniversario de este crimen y tras cuatro años de trabajos de la CVAJ, su titular, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, rindió su informe, en el que los resultados de sus indagaciones, no difieren mucho de las conclusiones de la investigación oficial y que, corresponde lo que se denominó como verdad histórica. Expresión ésta, de la que, por cierto, su autor, el ex procurador, Jesús Murillo Karam, se arrepintió y señaló que nunca debió usar. “Quise decir la historia de los hechos…y quizás debí hablar de la teoría del caso”, habría comentado en noviembre de 2015.
Y es que, según la Comisión de la Verdad, la creación de la verdad histórica fue una acción concertada, desde el más alto nivel del gobierno para ocultar la verdad de los hechos, alterar la escena del crimen, ocultar vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado en la desaparición de los estudiantes.
La calificación de verdad histórica, llegó para quedarse y resultó, políticamente, como anillo al dedo, para armar un enjuiciamiento en contra del ex procurador, detenido el 19 de agosto, por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y actos contra la administración de justicia, no obstante que su participación en la investigación hubiera iniciado varios días después de cometido el delito. Ya encarrerada la Fiscalía, lo acusó, también, de dar a conocer datos de testimonios obtenidos bajo tortura y de indiciados que ni siquiera habían sido puestos a disposición del Ministerio Público, con el fin de construir la llamada “verdad histórica”.
La consideración de crimen de Estado, en este particular caso, parece atender más a razones políticas que a la realidad de lo sucedido, sin que con esto estemos liberando de responsabilidad a quienes hicieron la detención y entrega de los estudiantes a sus victimarios o a quienes, enterados de los hechos, no actuaron para evitar su desaparición. Pero más que crimen de Estado, podríamos calificarlo de torpeza de Estado .
Se podría decir que para efectos de la información a los familiares de las víctimas, el dictamen de la Comisión de la Verdad, no varió en lo esencial, de ahí su decepción: el secuestro, la desaparición (homicidio), la complicidad de policías municipales y los culpables materiales, los Guerreros Unidos. Ninguna novedad. Nada sobre cómo los desaparecieron ni en dónde. Sólo la confirmación oficial de no haber indicios de que puedan estar con vida.
La 4T queda satisfecha con la versión de su Comisión de la Verdad , con la calificación de crimen de Estado y con la detención, en primerísimo lugar, de un personaje de alto nivel de la administración presidencial pasada a quien se hace corresponsable de este crimen. Lo que tiene su rendimiento politico, en tiempos electorales. También con la emisión de 83 órdenes de aprehensión en contra de mandos y tropa militares, autoridades administrativas y judiciales, policías municipales y estatales, que estarán por cumplimentarse. Ah, y también contra 14 miembros de los Guerreros Unidos, estos sí, los criminales del caso.
