Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Muy a pesar de algunos morenistas,
el Estado de Derecho debe prevalecer y
la Corte deberá continuar ejerciendo su
función, preservar el respeto al orden jurídico,
sin que esto se entienda como un desafío al Poder Ejecutivo.
Con el mayor y más grave conflicto entre poderes de la Unión, como legado de su gobierno a su sucesora, Claudia Sheinbaum, el de Macuspana concluyó su mandato, dejando pendiente, pero muy recomendada, la consumación de su venganza en contra de una SCJN y un Poder Judicial que, en cumplimiento de su principal función, vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución, se atrevieron a emitir resoluciones contrarias a los intereses presidenciales.
Acostumbrado a la obsecuencia de un Poder Legislativo, que, en calidad de oficialía de partes, procesaba y aprobaba las iniciativas presidenciales de ley, sin modificarles una coma, el ex mandatario nunca entendió el principio de la división de poderes, no aceptó la autonomía e independencia del Poder Judicial, no reconoció su autoridad ni respetó ni acató sus mandamientos judiciales, en especial, aquellos que eran contrarios a sus intereses. “No me vengan con que la ley es la ley.”
Se planteó, entonces, acabar con lo existente y dar paso a una reforma constitucional del Poder Judicial para su demolición. Si el Poder Legislativo es complaciente y funciona al ritmo del Ejecutivo, y sus integrantes los elige el voto popular, por qué no aplicar el mismo sistema de elección para los ministros, magistrados y jueces y, así, sumar también el Poder Judicial al segundo piso de la Cuarta Transformación.
Que el pueblo elija a los juzgadores, aunque el compromiso de estos letrados tenga que ver, más, con la justicia, la imparcialidad, la interpretación y aplicación de las leyes y la Constitución, que con los intereses de quienes los elijan.
La reforma judicial se aprobó al vapor y en la celeridad para su implementación, quedaron errores y lagunas que tendrán que corregirse sobre la marcha, porque no se ve interés en hacer un alto, aunque sea momentáneo, para dialogar, revisar y hacer los ajustes necesarios para que la reforma no transite por un camino accidentado.
El hecho de que esta reforma haya sido votada y aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, no significa que no existan vicios de procedimiento. Omisiones como ausencia de debates, discusiones y análisis de la iniciativa. Cerrazón a la voz de las oposiciones, oídos sordos a las impugnaciones y rechazo a cualquier propuesta de modificación. Hasta prebendas, amenazas y extorsiones como método para obtener los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada.
La reforma constitucional más trascedente del México moderno, debería haber merecido, al menos, tiempo de reflexión, pero se optó por el “fast track”, como si de la urgencia por aprobarla dependiera su éxito. Como consecuencia de las prisas, prevaleció la ignorancia, el desconocimiento de su contenido por parte de las mayorías que votaron a favor. Los diputados de los congresos locales impusieron marcas en la velocidad para emitir su voto. Muy eficientes para votarla, pero ningún interés en analizarla. De la primera y única lectura, mejor ni hablar. Para que perder el tiempo.
La SCJN deberá continuar cumpliendo su función, aunque la reforma Judicial haya sido aprobada y algunos supongan, como consecuencia, que el máximo tribunal ya no es competente para obligar a los sujetos de derecho a cumplir con las normas legales, o que ya no opera su responsabilidad como vigilante del cumplimiento de la Constitución.
La confusión obedece a las lagunas de ley. La precipitación y la inexperiencia han convertido este proceso en un auténtico laberinto político-jurídico. Delicado y riesgoso, porque hay quienes quieren ver en las diferencias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial, un enfrentamiento político, un boicot, y no lo que es, un conflicto jurídico, un diferendo judicial.
Alucinando con supuestos “golpes de Estado”, cuando la Corte, en cumplimiento de la ley, admite para su estudio, impugnaciones interpuestas por quiénes se sienten afectados por la polémica reforma, las ministras de la Corte, activas militantes de Morena, por confesión propia, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, fieles a la herencia del pasado inmediato, continúan polarizando con andanadas de ataques en contra de su propia institución y sus colegas. Su motivación, más política que jurídica, lejos de ayudar a bajar la tensión entre los poderes y contribuir a encontrar soluciones, sobre calientan el ambiente, innecesariamente.
Muy a pesar de algunos morenistas, el Estado de Derecho debe prevalecer y la Corte deberá continuar ejerciendo su función, preservar el respeto al orden jurídico, sin que esto se entienda como un desafío al Poder Ejecutivo.
