Miguel Tirado Rasso
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Anticipándose unas semanas a la celebración de la navidad, en la que el mercantilismo arrollador, desde hace tiempo, tergiversó el origen de una festividad religiosa, el nacimiento de Jesucristo en Belén, para convertirlo en la cúspide del mercadeo a nivel mundial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), nos obsequió con una noticia esperanzadora de justicia, envuelta en una opinión jurídica.
A solicitud del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando González Salas, ponente en el caso del paquete de acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el PAN, MC, PRI y PRD, el Partido de Baja California (PBC) y la CNDH, en contra del decreto que reforma la Constitución del estado de Baja California que amplía el período de gobierno del mandatario actual de dos a cinco años, el TEPJF emitió su opinión sobre el caso, considerando inconstitucional la citada reforma.
Un alivio para la democracia del estado fronterizo y un balde de agua helada para el flamante gobernador y socios que lo acompañan, cuya ambición desbordada, falta de respeto a la voluntad y derechos de los electores y menosprecio al orden jurídico, lo llevó a promover una reforma para prolongar su mandato tres años más de los señalados en la convocatoria para la elección para gobernador.
Para lograr esta reforma constitucional, el gobernador Jaime Bonilla, “convenció” a los legisladores de la oposición, porque con los de Morena no le alcanzaba, que, sin ningún decoro, y quizás motivados por razones de pesos, muchos y en dólares, según se rumoró, aceptaron ser cómplices de este chanchullo legislativo, que ahora se tambalea.
La opinión del Tribunal, por unanimidad de los siete magistrados de la Sala Superior, señala que el decreto por el que se reforma la Constitución del estado, “se aparta de la regularidad constitucional”. La llamada Ley Bonilla, afirma, viola los principios de certeza en los comicios, la no reelección y el derecho al voto. “Se pasa por alto la voluntad popular, pues se prorroga el mandato que le fue conferido a la persona que fungirá como Gobernador del Estado, sólo para el período de dos años, por lo que, al no tomarse en cuenta tal mandato, se violan los principios democráticos que prevé la Norma Fundamental.”
Y si bien, se trata únicamente de una opinión jurídica, porque corresponde a la Corte la resolución definitiva de este caso, la del Tribunal Electoral constituye una buena señal para quienes creemos en el estado de derecho. Buena oportunidad para la Suprema Corte de demostrar su independencia y autonomía, indispensables en estos tiempos de la 4T cuyo peso avasallador se ve incontenible en dos de los tres Poderes de la Unión. Algo poco recomendable para el desarrollo democrático de nuestro país.
Bienvenido, pues, el regalazo navideño anticipado. Esperamos ahora, que la Suprema Corte no le dé más vueltas a un tema tan delicado como es la tentación a extender los períodos de gobierno más allá de lo que establecen las leyes y acabe con estos malos pensamientos, con esta intentona de reelección, declarando la inconstitucionalidad de esta reforma.
Mientras tanto, les deseamos a todos nuestros lectores que continúen disfrutando de estas fiestas decembrinas, con mucha salud en compañía de sus seres queridos.
