Miguel Tirado Rasso
Vaya papa caliente la que le cayó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con motivo de la impugnación que presentó la directiva del partido Morena en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que impuso una multa por $ 197 millones de pesos a ese instituto político, con motivo de las irregularidades detectadas en la operación del fideicomiso Por Los Demás, presuntamente propiedad de ese partido.
Lo que los partidos políticos plantearan como acciones para ayudar a los damnificados del terremoto del 19 de septiembre, con la mejor intención solidaria, suponemos, aunque sin dejar de mirar la proximidad de un proceso electoral que los pondría a prueba, tenían que ser revisadas, analizadas y sancionadas por la autoridad electoral, para que su buena disposición no se convirtiera en actos que pudieran considerarse de proselitismo, violatorios de la ley.
Se descartó, desde luego, que los partidos hicieran aportaciones directas, con cargo a sus prerrogativas, por una prohibición legal expresa. Como opción se consideró que los partidos devolvieran el financiamiento a la Tesorería de la Federación con indicación de que se destinara al apoyo de los afectados por el sismo. Un mecanismo simple, rápido y efectivo que algunos partidos adoptaron. No en el caso de Morena, que desde un principio planteó la creación de un fideicomiso, través del cual canalizaría su apoyo.
En una nota periodística, publicada en mayo pasado, el INE informaba que 5 partidos políticos (PRI, PAN, PVEM, MC y PES) y la candidata independiente, Margarita Zavala, habían aportado más de 500 millones de pesos como apoyo a los damnificados, de los recursos destinados para su gasto ordinario. Morena no estaba incluida en este grupo, al haber optado por la vía de su fideicomiso.
Desde entonces los apoyos de Morena para este propósito no quedaban muy claros. Por una parte, durante el primer debate presidencial, su entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, afirmaba que ellos “ya estaban entregando la mitad de sus prerrogativas de campaña a damnificados”. Algo que el comité del Fideicomiso se apuraría a desmentir, pues estaba claro que ese Fondo no podía entregar recursos de prerrogativas del INE, aclarando que se trataba de donaciones privadas, de simpatizantes, dirigentes y legisladores de Morena. Y se decía que ya llevaban recaudados 70 millones de los 103 comprometidos.
El caso es que en la revisión que la autoridad hizo sobre la constitución del fideicomiso, sus directivos, su operación, recaudación de fondos, destino y entrega de los recursos, se detectaron anomalías que, al considerar que este mecanismo era operado por el partido Morena, caía dentro de la competencia de atribuciones de la autoridad electoral.
El INE ha descrito con detalle las razones que lo llevaron a considerar que este Fondo era operado por Morena. Sus dirigentes siempre declararon, públicamente, que el apoyo que brindarían a los damnificados se haría a través de su fideicomiso. La constitución de este Fondo había derivado de un acuerdo de su Consejo Nacional, máxima autoridad del partido. El domicilio legal del Fondo es el mismo de la sede nacional de ese organismo político y la mayoría de los miembros del Comité Técnico del Fondo son miembros distinguidos de Morena.
La dirigencia de ese partido alega, por su parte, que se trata de un fideicomiso privado, que nada tiene que ver con Morena y que, por lo tanto, no le toca a la autoridad electoral indagar sobre su operación y todas esas cosas incómodas que no quedan muy claras como el origen de los fondos, sus aportaciones anónimas, en efectivo y en carrusel, el destino de los recursos y la identificación de sus beneficiarios, por no ser aplicable al caso la ley electoral.
Y sobre esto tendrá que resolver el TEPJF, sin tener que entrar en los detalles operativos del Fondo que, en todo caso, le correspondería analizar a otras instancias. Porque el centro de la litis del debate estará en determinar si se trata de un ente privado o el fideicomiso es de Morena, y a partir de ahí se revocará o ratificará la resolución del INE. Es la vía legal a la que se debería haber acudido desde un principio, sin haber tenido que llevar la controversia a los medios, iniciando un litigio a base de descalificaciones que sugieren una estrategia que nada tiene que ver con los argumentos jurídicos.
Politizar el tema, tras el apoyo electoral recibido, no resulta la mejor carta de presentación de quienes nos van a gobernar por los siguientes seis años. El ejercicio de gobierno supone la necesidad del respeto a las instituciones, de las que forma parte, y de sus funcionarios. En el caso de los gobernantes, no cabe considerar como ataques personales resoluciones que no les son favorables.
Queremos el cambio para que las cosas se conduzcan con respeto a la ley y los casos se ganen con argumentos legales no a través de presiones políticas.
