Miguel Tirado Rasso
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Como una medida temeraria, podría calificarse el nombramiento de la activista Lenia Batres Guadarrama como ministra de la SCJN. Culminación de una estrategia precedida por múltiples señales y declaraciones que dejaban ver la molestia e inconformidad del Ejecutivo con el Poder Judicial de la Federación. Concretamente, con la Corte que, en el ejercicio propio de su autonomía, como uno de los tres poderes de la Unión, habría emitido resoluciones desfavorables a los propósitos de la 4T, por incurrir en violaciones a la Constitución.
Un mal cálculo de la bancada opositora en el Senado, permitió que, por primera vez en la historia del máximo tribunal del país, el presidente de la República pudiera hacer la designación directa de un ministro de la Corte. Y, en ese sentido, se aprovechó la vacante para nombrar, no solo a un personaje cercano al Ejecutivo, sino a una activa militante de Morena, que, como amenazaría en alguna ocasión el presidente López Obrador, buscaría a alguien que “no le fallara”. Y, por lo visto, la ministra Batres no decepcionará a su elector.
De entrada, la flamante ministra expuso su perfil político e inclinación ideológica, haciendo a un lado la calidad jurídica que demanda el cargo. Con esto, la ceremonia de toma de posesión, por el discurso, los asistentes, las exclamaciones y comentarios, pareció más un acto político de un representante popular del partido oficial, que la ceremonia de asunción de un juez del Poder Judicial.
Sabedora de la misión para la que fue nombrada, la nueva ministra se encargó de dejar muy en claro su identificación con la ideología cuatroteísta. Su exposición resultó una especie de lectura de cartilla, señalando, lo que, en su concepto, son excesos de la Corte. Seguramente por su falta de experiencia en materia judicial, la ministra no le da importancia a la función fundamental de la Corte que es la salvaguarda del respeto al orden constitucional. Que se trata de una entidad técnico-jurídica y no política y que constituye un factor de equilibrio entre los Poderes de la Unión.
Al estilo de la 4T, Palacio Nacional se encargó de que el discurso de la ministra Batres llevara un mensaje político. Que no le vengan con eso de la división de poderes, su independencia y autonomía. Que el poder preminente es el Ejecutivo y nada que el Judicial es el factor de equilibrio entre los poderes. Que habría que evitar detener leyes que emita el Congreso, sin importar si en su elaboración se incumple con medidas procesales, requisitos ordenados por la ley, pues, según su criterio, con esto, la Corte invade funciones legislativas del Congreso.
Tampoco le parece que la Corte suspenda normas impugnadas en acciones de inconstitucionalidad y la reviviscencia de normas derogadas al invalidar nuevas. Considera que la institución debe “autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro país”. Que se ha extralimitado. “No tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte”. Habría sido una de sus conclusiones.
Le va a costar trabajo a esta ministra adaptarse a una institución que le es ajena y desconocida, cuya función es totalmente distinta del concepto que ella tiene. En la que no cree y en la que, por principio, la ideología y la política, que son su fuerte, no tienen nada que hacer en el análisis de los casos cuya resolución deberá atenerse a razones jurídicas. Porque se trata de resolver los asuntos conforme a derecho, en base a los ordenamientos de ley y a su interpretación.
Sin experiencia en materia judicial, tendrá que aplicarse al estudio de la Constitución, pues el cargo supone un alto nivel de conocimiento en esa materia, por el bien de quienes buscan y esperan justicia en la institución de la última instancia.
