Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
De acuerdo a fuentes internacionales,
México destaca, lamentablemente, por el
alto índice de criminalidad en los casos de
homicidios a periodistas y activistas
medioambientalistas.
A la 4T le restan poco menos de dos años de gobierno y son muchos los pendientes en su haber. Entre los temas que más preocupan y sobre los cuáles esta administración no ha podido encontrar la cuadratura del círculo es el del combate a la inseguridad y, en particular, las agresiones hacia periodistas y ambientalistas.
El Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas en La Haya, Países Bajos, creado a instancias de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa, Free Press Unlimited (FPU), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), declaró, en audiencia de 19 de septiembre pasado, culpables de violación de derechos a las naciones de México, Sri Lanka y Siria, por “actos de omisión, falta de investigación, ausencia de reparación para las víctimas e impunidad”. La condena se emitió tras seis meses de sesiones con motivo del análisis de los casos de periodistas asesinados en esos países.
En el acta de acusación, la Fiscalía concluía que el Estado Mexicano había fracasado en proteger a los periodistas contra amenazas y ataques a su vida. Que los organismos internacionales habían encontrado que las medidas para contrarrestar la violencia eran ineficaces, con recursos insuficientes y, en ocasiones, se veían obstaculizadas “por falta de voluntad política y la corrupción”. Además de afirmar que México había sido clasificado, sistemáticamente, como uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión de periodista.
Según la organización Artículo 19, desde el año 2000 y hasta agosto de 2022, en México,156 periodistas han muerto por homicidio (144 hombres y 12 mujeres), siendo el estado de Veracruz el más letal, con 31. Solo en este año, son ya 15 periodistas asesinados. Pero a pesar de esta grave situación, en el mensaje del presidente, con motivo de su cuarto informe de gobierno, no hubo ninguna referencia al tema.
Algo similar sucede, en el caso de los ambientalistas. Según un informe publicado la semana pasada por la ONG Internacional, Global Witness, desde 2019 México registra un aumento significativo en la violencia hacia los defensores ambientales. Mientras que en 2020 hubo 30 homicidios, para 2021 la cifra aumentó a 54 víctimas de asesinatos o desaparición forzada.
En los últimos diez años, se han registrado 154 homicidios, la mayoría, sobre 131, cometidos entre 2017 y 2021. Con esos números, nuestro país se coloca como “el más mortal del mundo para los activistas medioambientalistas”, ocupando el primer lugar con el mayor número de asesinatos, de acuerdo con este informe.
El reportaje señala que los grupos criminales han diversificado sus actividades más allá del narcotráfico y ahora explotan madera, minas, recursos pesqueros, “lo que haya”. La mayor parte de las agresiones tienen que ver con conflictos de la tierra y la minería y son las comunidades indígenas las más afectadas.
La corrupción, investigaciones de crímenes que no concluyen, la colusión de gobiernos con empresas y una profunda impunidad que impide el enjuiciamiento de los agresores, es la realidad a la que se enfrentan los defensores del medio ambiente en nuestro territorio.
Global Witness planteó a nuestro país “investigar, impartir justicia y reparar las violaciones de los derechos humanos” de quiénes defienden el medio ambiente e implementar el Acuerdo de Escazú, primer tratado regional ambiental y de derechos humanos en América Latina y el Caribe, que incluye disposiciones sobre personas defensoras ambientales. México ratificó el Acuerdo desde 2021, pero no lo ha implementado de manera efectiva.
De acuerdo a estas fuentes internacionales, México destaca, lamentablemente, por el alto índice de criminalidad en los casos de homicidios a periodistas y activistas medioambientalistas. En el primer caso, los otros datos de RSF, señalan que, por cuarto año consecutivo, somos el país más peligroso y mortífero del mundo para los periodistas, “por delante de países en guerra como Ucrania o Yemen”. En el segundo caso, en 2021 quedamos como el país más letal para los defensores del medio ambiente, ocupando el primer lugar mundial con el mayor número de homicidios de ambientalistas.
En ambos casos, la impunidad es el denominador común. En los periodistas se señala entre un 90 y 98 por ciento el nivel de impunidad, según la organización Artículo 19, y en los activistas se calcula que el 94 por ciento de los delitos no se denuncian y solo el 0.9 por ciento se resuelven (Global Witness).
Cifras para conmover a cualquiera, aunque no a nuestras autoridades que parecen estar blindadas contra las malas noticias.
