Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Una división, precisamente, como contrapeso,
para evitar la concentración de poder,
para equilibrio y control y para prevenir
abusos de poder.
Con la resolución del ministro Javier Laynez que admite la demanda de Controversia Constitucional interpuesta por el INE, en contra de la segunda parte del llamado Plan B de la 4T, el tema de la reforma electoral sale del campo de la política para quedar, o al menos, así debiera ser, en el plano estrictamente jurídico.
El juicio sobre la procedencia constitucional o no de las reformas propuestas desde Palacio y aprobadas, sin moverles ni una coma, por las mayorías parlamentarias de Morena y sus aliados del PT y del partido Verde, ha quedado bajo la jurisdicción del máximo Tribunal de derecho, la SCJN, que tendrá que resolver en base a lo que dicta la ley, con razonamientos jurídicos. En este caso, nuestra Carta Magna, sin politiquerías.
Una aclaración que no tendría caso hacer si no fuera porque, en tiempos de la 4T, todo se politiza y, como si fueran conceptos contradictorios, se esgrime la justicia para tratar de justificar el incumplimiento o las violaciones a la ley. En esto radican muchos de los problemas y tropiezos sufridos por Morena en su proyecto transformador, cuando, para lograr sus objetivos, como buldozer arrasan con leyes y derechos humanos, sin la menor contemplación. Algo así como el fin justifica los medios, que, en un estado de derecho, no se puede aceptar.
Ahora que se conoció la resolución del ministro Laynez que incluyó la suspensión de todos los artículos impugnados “para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”, la reacción desde Palacio fue atacar al funcionario judicial, en particular, y al Poder Judicial, en general.
Se les acusó de pertenecer a la “mafia del poder” (cualquier cosa que eso signifique), de ser conservadores, oligarcas y no querer que haya democracia, además de afirmar que, en el fondo, consejeros e integrantes del Poder Judicial lo que buscan es proteger sus “elevadísimos sueldos”, que el Plan B pretende reducir. Cuando está muy claro que lo que se pretende con esta reforma es tener el control de los procesos electorales, con miras a 2024. Al estilo de los tiempos del partido casi único.
El discurso descalificador es repetido en diversos frentes por Morena, buscando el impacto popular, con la pretensión de presionar a la autoridad judicial. Mejor les iría ser más cuidadosos en la elaboración y revisión de las iniciativas de ley, para evitar estos tropiezos judiciales que se malinterpretan como conjuras o ataques políticos, cuando simple y llanamente se trata de descalabros jurídicos por errores, incapacidad o ignorancia de las leyes.
Hace un par de semanas, se dio la reinstalación del secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, por resolución del TEPJF y de una jueza federal, porque la ley que se aplicó para su destitución, artículo 17 transitorio del Decreto, era una norma privativa, dirigida a una persona en particular, en la que específicamente se señalaba que el secretario Ejecutivo del INE debía dejar su cargo.
Una disposición que contradice lo que ordena la Constitución (Art.13), en el sentido de que las leyes deben ser generales, abstractas e impersonales. Además de que la designación del secretario es facultad de los consejeros, no del Ejecutivo ni del Legislativo, por lo que la reforma implica una invasión a la autonomía del Instituto y sus facultades constitucionales, según señaló la sentencia. Un par de errores elementales que, cualquier estudiante de derecho, habría detectado.
Las prisas y la obsecuencia extrema no son recomendables, menos en los trabajos legislativos, pues si bien, el mayoriteo constituye una ventaja imbatible, la falta de sustento jurídico da lugar a victorias pírricas, siempre bajo la amenaza de que el otro poder, el Judicial, a petición de parte, enmiende la plana e imponga la razón del derecho. Y, no por esto, ese Poder merece ser calificado de adversario y, menos, de enemigo del Ejecutivo.
No es cuestión de pleito entre poderes. Es el mecanismo establecido, en la Constitución, artículo 49, para el ejercicio del Supremo Poder de la Federación, a través de tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada uno con funciones determinadas. Una división, precisamente, como contrapeso, para evitar la concentración de poder, para equilibrio y control y para prevenir abusos de poder.
Una falla más del Plan B, originada, precisamente, por la obsequiosidad de las bancadas de Morena para quedar bien con el Ejecutivo, que dio muestra, más de ignorancia que de eficiencia, amenaza con dar palo al Plan B, sin necesidad de entrar al fondo del asunto.
La prisa con que fue aprobada esta propuesta de reforma, solo unas pocas horas después de recibida la iniciativa del Ejecutivo, significó un trámite urgente “a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, sin respeto al principio de publicidad ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo”. Este es uno más de los alegatos formulados en la controversia interpuesta por el INE, que hace vulnerable al llamado Plan B, por fallas en el proceso y que deberá resolver la Corte.
Marzo 30 de 2023
