Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
No se entiende que la Presidenta
acepte que la continuidad del proyecto
se lleve a cabo, a raja tabla, violando
normas de procedimiento.
La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró con bombo y platillo sus primeros 100 días de gobierno. Con un lleno total, el zócalo capitalino, se convirtió, como en otras ocasiones ha sucedido, en el mejor escenario para demostrar la popularidad del titular del Ejecutivo, en esta ocasión, de la mandataria y de paso, la efectividad del músculo de su partido, Morena, capaz de concentrar, según cálculos del gobierno de la CDMX, una asistencia de aproximadamente 350 mil personas para escuchar su mensaje.
Poco tiempo para poder informar de logros de un gobierno con solo tres meses en el cargo, pero oportunidad para enfatizar y hacer precisiones sobre su forma de gobernar. Y es que a la Presidenta se le critica, que, en estos tres meses, los logros alcanzados corresponden a los pendientes que su antecesor dejó encaminados y que, en el último mes de su gobierno, instruyó a las bancadas de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados para que las reformas constitucionales de su Plan C, se aprobaran de manera acelerada, ignorando tiempos y formas establecidas por las disposiciones legales para los procesos legislativos. Y, efectivamente, así se aprobaron, en un tiempo récord.
Dijo la doctora Sheinbaum en su discurso “nos critican algunos medios, la comentocracia y los adversarios políticos porque no nos diferenciamos, porque defendemos los programas de bienestar y las obras estratégicas, porque hay continuidad en el proyecto. Pero si siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años, para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación iniciada en 2018.”
En primer lugar, no todos los que critican son necesariamente adversarios políticos. La realidad es que la crítica no es al fondo, por la continuidad del proyecto político. En efecto, la continuidad se planteó, desde antes. El tema es la forma en que se está dando, violando toda regulación existente, muy al estilo de su antecesor, repelente a cualquier ley o institución que estorbara a sus intereses. “No me vengan con que la ley es la ley”, argumentaba cuando se le exigía que respetara los límites que alguna ley le imponía. Precisamente de ahí viene la decisión de demoler al Poder Judicial y desaparecer a la SCJN, para sustituirlos por tribunales a modo, que apoyen la Cuarta Transformación y no constituyan un contra peso del Ejecutivo.
No se entiende que la Presidenta acepte que la continuidad del proyecto se lleve a cabo, a raja tabla, violando normas de procedimiento. En particular cuando Morena cuenta con todo el poder para aprobar las reformas sin necesidad de imponer su peso político sobre el Estado de Derecho. Lo que vimos en estos primeros meses de gobierno, fue el mismo estilo de desaseo legislativo avalado y promovido por el gobierno anterior. Y, aunque se trata de una nueva Legislatura, opera con el mismo estilo, no en balde sus líderes son herencia de la anterior Legislatura.
El gobierno pasado buscó una fórmula simple para “mandar al diablo las instituciones”, acusándolas de corrupción o de no servir para nada y ser muy gravosa su operación. En el primer caso, los señalamientos fueron siempre genéricos, sin precisar hechos concretos. Sin denuncias, carpetas de investigación o presuntos culpables de corrupción. Solo la calificación de corruptas bastó para su condena y desaparición (Poder Judicial y SCJN). En el caso de los órganos autónomos, su desaparición tampoco correspondió a un análisis o evaluación. Simplemente se decidió que no aportaban nada y eran muy costosos.
Iniciado este gobierno, se siguió la inercia de acabar con las entidades sentenciadas, con la misma prisa y la cerrazón del pasado. Sin dar oportunidad de abrir a debate, nada de escuchar las razones de su existencia y la inconveniencia de su desaparición, en algunos casos por violar acuerdos del T-MEC.
La continuidad del proyecto, suponemos, no tendría por qué soportarse en cimientos no muy firmes, y más ayudaría, para bien del país, hacer los ajustes necesarios para que los proyectos sean exitosos.
La elección popular de ministros, magistrados y jueces, se ve cada vez más complicada y, lo más probable es que, por las prisas, la novedad del tema, la falta de un estudio que permita corregir los errores de la improvisación, no auguran un buen resultado. Mucho menos, contribuirá a democratizar la justicia en nuestro país. Los votantes no tendrán manera de conocer por quién van a votar. El trámite va a ser lento y las casillas, por falta de recursos, estarán lejos de los domicilios de los electores. Una elección poco atractiva que, se prevé, no tendrá mucho éxito en las urnas.
