Miguel Tirado Rasso
En próximo sábado, primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador tomará posesión como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el número 65 en la historia del país, tras una muy larga jornada de doce años, y dos tropiezos electorales. Máximo cargo político para un político de carrera que nunca desistió en su objetivo y que protagonizó la campaña presidencial más larga de la historia, pues habrá que reconocer que, ni aún después de sus derrotas, aflojó sus giras por todo el país con la temática de la sucesión presidencial.
Histórica también ha sido la forma como se ha desarrollado este largo período de transición, cinco meses, entre la fecha de la elección presidencial y la del relevo formal del titular del Ejecutivo. Con lo vivido y, a pesar de la reforma constitucional que reduce, ya para el futuro, este período a tres meses, valdrá la pena analizar la conveniencia de que el plazo para la toma de posesión sea todavía menor, en beneficio de la estabilidad política, económica y financiera del país, así como para el mejor ejercicio de gobierno.
Y es que, sin conocer las razones que el constituyente de 1917 haya tenido para establecer un intervalo tan largo, está claro que las condiciones del país y, particularmente, las circunstancias políticas, son muy distintas. Ahora que las transiciones democráticas no son ya la excepción, la necesidad de que el sucesor tome las riendas del país en un corto plazo, se refuerza más. Porque, como es el caso, la posibilidad de poca coincidencia en programas y proyectos de gobierno entre quien poco le queda por hacer, porque ya se va, y el que quiere empezar a implantar los suyos, pero que no debe porque todavía no llega, puede dar lugar a situaciones incómodas y de incertidumbre, que a nadie conviene.
En esta ocasión, que será la última vez de un período de 91 días, la transición se dio sin mayores sobresaltos ni altercados, aun y cuando no faltaron elementos para que surgieran enfrentamientos. Porque durante todo este largo intervalo, la constante fue el golpeteo a las políticas de gobierno del presidente saliente. Cinco largos meses de estar escuchando descalificaciones y la sentencia condenatoria a sus reformas estructurales, orgullo de su administración, hasta el grado de que, en algún momento, algunos legisladores acelerados pretendieran suspender su aplicación, como si ya fueran gobierno. Y qué decir de la gran obra del sexenio, el AICM, que, sin contemplación alguna, se decretó su cancelación, aún antes de la toma de posesión.
Además, hacer más corto este interregno, permitiría a la nueva administración contar con más tiempo para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos, conforme a su plan de gobierno, lo que ahora tienen que hacer apretadamente por los tiempos del Congreso, a quien corresponde aprobar estas leyes, antes de que concluya su período de sesiones, o sea, antes del 31 de diciembre.
La transición en nuestro país es de las más lentas del mundo. Por alguna razón en los países más desarrollados, los tiempos son muy breves como en Gran Bretaña, cinco días; Australia, 8 días; Francia, 9; Canadá, 14; Suecia, 18; Italia, 24; España, 31; EUA, 77 días, entre otros.
Andrés Manuel López Obrador, iniciará su gobierno en el mejor de los mundos políticos posibles. Con un gran respaldo popular de 30 millones de electores; una mayoría, más que cómoda en ambas cámaras del Congreso, y una oposición débil, fragmentada, confundida y sin ilusiones, además, casi en bancarrota. Una combinación que le permitirá hacer, prácticamente, todo lo que desee. Y esto, que suena bien
, puede no ser tan bueno, si se incurre en excesos.
La posibilidad de que se puedan hacer todos los cambios de ley y todas las reformas, que se quieran, sin que haya quien lo pueda impedir, ante la débil representación parlamentaria de la oposición en las cámaras, lleva a que, en muchos casos, se hagan reformas a modo, que no son recomendables. Ya tenemos ejemplos de casos en los que se han eliminado requisitos para que un recomendado pueda ocupar un cargo sin cumplir los requisitos para asumirlo. O de ajustes para que se puedan asignar directamente contratos de grandes obras, sin la necesidad de sujetarse a “engorrosos” procesos de licitación, como sucedió en el estado de Tabasco.
La facilidad con la que el próximo mandatario podrá ejercer su gobierno, puede resultar un arma de dos filos, en particular para quienes en su gabinete supongan que todo se puede hacer y, que, basta con el arrastre popular de El Presidente, para que las cosas salgan como ellos quieran. El canto de las sirenas puede marear y se requiere mantener los pies en la tierra para no dejarse llevar ante el “encanto” del ejercicio de un poder sin límites y sin contrapesos.
