Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Siempre es una gran tentación
para un gobierno, con problemas
presupuestales, tener un organismo
con una bolsa de más de dos billones de pesos,
El bombardeo legislativo parece no terminar nunca. A solo unos cuantos días de que finalice este difícil año de 2024, desde Palacio Nacional se envió una nueva iniciativa de reforma. Esta vez se trata de modificar la ley del INFONAVIT. Una institución creada hace poco más de 52 años, durante el gobierno del presidente Luis Echeverría, con la que se buscó dar cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores.
Para su 50 aniversario el Instituto había otorgado más de 12 millones de créditos para obtener y/o fortalecer las condiciones de la vivienda en México, según una publicación de la COPARMEX (junio 28 de 2022). En dicho documento se afirma que la estructura tripartita, ha resultado positiva para promover el diálogo y los equilibrios en la toma de decisiones entre los sectores laboral, empresarial y gubernamental y que los esquemas de nombramiento y rotación de los representantes por sector “han ayudado en este proceso.”
Sin embargo, al gobierno de la 4T, el tripartismo paritario, pilar fundamental del Instituto desde su creación, no le convence y, utilizando el mismo argumento de combate a la corrupción que ha aplicado para justificar la extinción de instituciones como los organismos autónomos, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la demolición del Poder Judicial, incluida la SCJN, entre otros, ahora plantea reformar la ley del Infonavit. Habría que señalar, entre paréntesis, que la 4T nos ha quedado a deber las denuncias, investigaciones y sanciones de los casos de corrupción que, afirman con tanto énfasis, prevalecía en el pasado y que motivaron la devastación de las instituciones que mucho les incomodaban.
Por lo pronto, el director del Instituto, Octavio Romero, el que dejó en la bancarrota a PEMEX, declaró que estas reformas permitirán un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes de los trabajadores. Entre los cambios propuestos destacan los que acaban con el tripartismo paritario en órganos internos como la Comisión de Vigilancia, en la que el gobierno tendrá 5 miembros contra dos, por parte de los trabajadores y dos, de los empresarios; el Comité de Auditoría, en el que el gobierno tendrá 3 representantes y los trabajadores y empresarios uno cada quien, y el Comité de Transparencia, en el que la representación de los sectores será la misma que en el caso del de Auditoría. Con esto, se acaba con la votación entre pares.
Otros cambios incluyen la reducción de 45 a 30 los integrantes de la Asamblea General y de 15 a 12, los miembros del Consejo; la eliminación de la participación de la Comisión Nacional Bancaria, cuyas funciones de vigilancia y supervisión las asumirá la Secretaría de Hacienda. La designación del director general del Instituto, a cargo directamente por la persona titular del Ejecutivo, actualmente solo hace la propuesta y la Asamblea la avala. Al director del organismo se le atribuyen nuevas facultades como vetar las resoluciones del Consejo de Administración o de la Comisión de Vigilancia cuando no haya unanimidad y se le autoriza que pueda fungir como presidente de la Asamblea durante seis años continuos.
No hay duda de que la intención del gobierno es tener un control total sobre el instituto. Siempre es una gran tentación para un gobierno con problemas presupuestales tener un organismo con una bolsa de más de dos billones de pesos, a la que, por el momento, no tiene acceso por limitaciones legales y por ser dinero de los trabajadores. Así que, aprovechando la mayoría calificada en el Congreso, que, dicen, el pueblo les otorgó con su voto, están haciendo lo que quieran y/o lo que le convenga a la 4T, aunque no necesariamente sea para el bien del país. Como la ley actual del Infonavit les estorba para sus planes, la reforman a modo y se acabó el problema.
Este caso repite el esquema de demolición de instituciones con el que, la 4T, ya ha impuesto un poco honroso récord Guinnes, en tiempo y capacidad de vandalismo político institucional.
