Miguel Tirado Rasso
En esta particular forma de impartir justicia y aplicar la ley de la 4Transformación, algunos han encontrado una vía para actuar al margen de la ley y obtener pingües ganancias sin temor a las consecuencias, porque, de antemano saben, que no las habrá. Aprovechando la gran afluencia de vehículos en las carreteras de nuestro país, con motivo de los períodos vacacionales, y hasta en otros momentos, grupos de personas, identificados unos, otros no, bloquean y “toman” las casetas de peaje de autopistas, con cualquier pretexto, para obligar a los conductores a entregar una cuota “voluntaria” por un monto que ellos determinan para dejarlos pasar. A ciencia y paciencia de la autoridad, que, respetuosamente, no interviene.
Esta práctica, que cada día resulta más común, le causa al organismo del gobierno encargado de las carreteras, CAPUFE, pérdidas diarias por 4 y medio millones de pesos, según ha declarado su director. Entre las casetas de cobro más afectadas, se ha señalado a la de Huitzo, Oaxaca, que entre los años 2010 y 2018, fue tomada por el magisterio de la entidad y normalistas en 442 ocasiones, convirtiéndose en una de las más rentables para estas organizaciones, pues en sólo cuatro horas logran obtener entre 150 y 200 mil pesos, al exigir cuotas entre 50 y 100 pesos, de acuerdo a informes de las autoridades de Seguridad Pública de esa entidad.
Acciones como esta, además de bloqueos a las carreteras, plantones y marchas en ciudades, se han convertido, desde hace un buen rato, en una efectiva estrategia de los maestros de la CNTE para presionar al gobierno, de cualquier color, a someterse a sus demandas. Más allá de los diálogos, reuniones y supuestos acuerdos, la Coordinadora, tiene muy claro que, aunque sólo representan una fracción minoritaria, de la organización magisterial nacional, con menos del 10 por ciento del total de sus miembros, gracias a su belicosidad han podido concentrar la atención de las autoridades, asumiendo, en la actualidad, un liderazgo que ha borrado, literalmente, al SNTE en el diálogo con el gobierno.
De los grandes misterios del magisterio, destaca el del número de sus afiliados. A pesar de los esfuerzos del gobierno por despejar esta incógnita, siempre quedará la duda de cuántos son en la realidad sus miembros, y es que en la vaguedad de los números está el secreto de la corrupción que los invade. De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, en febrero del año pasado, el entonces secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, habría dicho que su sindicato lo integraban poco más de un millón y medio de miembros (1’673,623). Por otro lado, siendo aún todavía más sigilosos en la información del número de afiliados, se calcula que la Coordinadora suma alrededor de 100 mil maestros.
Pues, con todo y que ni siquiera la totalidad de sus integrantes participa en sus manifestaciones, y quizás tampoco aprueba sus decisiones, la CNTE ha puesto en aprietos al gobierno actual, declarándole la guerra, a cuenta, quizás, del apoyo brindado para la campaña presidencial del candidato de Morena. Algo, que no se sabe, debe existir para que el gobierno haya llegado al extremo de darle tiempo al tiempo en lo que toca a las pláticas con este gremio sobre la reforma a la “mal llamada reforma educativa” de Peña Nieto, que tampoco ha satisfecho las exigencias de estos maestros, que continúan en pie de lucha, desafiando a su ex aliado.
Y es que azuzados por promesas de campaña y declaraciones estridentes de algunos morenistas con poder que, rebasando a su jefe, se fueron de boca al afirmar que “de esa reforma no quedaría ni una coma”, pues ahora reclaman que les cumplan y le quiten todos los puntos y comas a la que, nosotros, calificaríamos como mal llamada reforma punitiva porque, está visto, que nunca incluyó el despido de maestros como sanción.
Recordando el polémico tema sobre la evaluación de los docentes, principal reclamo y molestia de la CNTE, la reforma daba tres oportunidades en los procesos de evaluación. Y sólo quién no aprobaba en el tercer intento, se le reubicaba en una plaza no docente o podría optar por el retiro voluntario. Muy lejos esto, del despido, que tanto denunciaron los de la Coordinadora. Porque la intención era que a través de estos procesos de evaluación, aplicados a maestros, directores y supervisores en servicio, se detectaran sus fortalezas se conocieran sus necesidades de regularización y formación continua para mejorar sus capacidades. Algo positivo, sin duda, para beneficio de los educandos.
Pero ahora hemos llegado a extremos como el de que el Presidente de la República, en aras de no romper el diálogo con la CNTE, pero tampoco de hacerlos responsables de su intransigencia, irresponsabilidad y tozudez, se exceda en sus facultades e ignore el imperio de la ley, y decida, en un acto personalísimo, derogar la reforma educativa de su antecesor a través de un memorando que, como dijo el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossio, que algo debe saber sobre el tema, “el documento carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es auto referente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente.”
Esperemos que esta forma de resolver problemas no se vuelva una práctica cotidiana, por el bien de la seguridad jurídica y el respeto al estado de derecho en nuestro país.
